El restablecimiento de las sanciones petroleras a Venezuela por parte de la administración de Donald Trump podría oscurecer aún más la situación económica del venezolano, de no tomarse medidas para mitigar estos afectos daría pie a un mayor deterioro del poder adquisitivo.
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Así lo explicó el economista Xavier Hernández, quien considera que estas medidas, como revocación de licencias para la exportación de crudo y hasta sanciones para empresas que realicen negocio con el Gobierno venezolano, puede intensificar los problemas estructurales de la economía, una que por cierto, ya enfrenta una profunda crisis.
«Aunque la administración de Trump y sus aliados promueven estas acciones como un mecanismo de presión para el cambio político y argumentan que es de carácter legítimo, su eficacia también es cuestionada debido a que no alcanzan los objetivos en el tiempo», dijo el especialista.
Hernández sostiene que incluso, de llegarse a cumplir las metas que ellos señala, las sanciones de igual manera impactan significativamente en la vida cotidiana del ciudadano.
«Un escenario en el que existan menores ingresos en el sector petrolero implica la disminución de divisas en el mercado cambiario y en un contexto donde la dolarización transaccional, especialmente en el sector comercio existe, tiene impacto inflacionario», dijo Hernández.
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A esto le añadió que las restricciones en hidrocarburos pueden implicar fallas logísticas y de distribución de aditivos y combustibles en general, empeorando el escenario del ciudadano.
Considera que será clave comprender las alianzas que el Gobierno logre obtener para mitigar el impacto, sin embargo, en el escenario de menor margen de maniobra los ciudadanos muy probablemente enfrentarán un deterioro de su poder adquisitivo, mayor dificultad para acceder a bienes, servicios básicos y esto podría aumentar la migración, crecimiento de la informalidad, y en líneas generales una economía con mayores restricciones.
Hernández sostiene que ante este panorama se hace imprescindible que las autoridades venezolanas busquen mecanismos para mitigar estas acciones y así la ciudadanía sufrirá menos el peso de las sanciones.
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