Familiares de presos políticos pidieron a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) interceder ante el gobierno de Nicolás Maduro, por la liberación de sus parientes, entre ellos menores de edad. Urgieron que la excarcelación de sus allegados se produzca antes de la celebración de Navidad, publica Tal Cual.
El joven Diego Casanova fue el encargado de entregar ante la Conferencia Episcopal Venezolana la carta en nombre del grupo. En la misiva, el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPve) manifestó que la mayoría de detenidos son de origen humilde y enfrentan condiciones infrahumanas y tratos injustos.
«Reconocemos que nuestra voz necesita el respaldo de instituciones con la autoridad moral que ustedes representan. Creemos que su liderazgo puede ser determinante para sensibilizar a las autoridades sobre la urgencia de esta causa«, escribieron en el comunicado.
Recordaron que muchos de los detenidos presentan enfermedades crónicas, por lo que pidieron su libertad plena. Reiteraron que muchas personas fueron sometidas a juicios sin garantías de parcialidad judicial y denunciaron que también a muchos se les ha impedido las visitas de sus allegados.
El encargado de recibir la carta fue el vicepresidente de la CEV, monseñor Rafael Bitter. El obispo admitió que lo solicitado no solo es válido «sino muy humano». «Sus peticiones de acercarse a la Asamblea Plenaria han sido introducidas. Así como la petición de que sean mencionados en las misas de aguinaldos. Por lo que pido que oremos, no sólo orar, sino trabajar para que esto sea realidad en algún momento».
Familiares de presos políticos protestaron la mañana del lunes #9dic para exigir la revisión judicial de todas las causas, así como su liberación inmediata antes de que finalice el año.
Los familiares de los políticos presos, detenidos en las cárceles de Tocorón, Tocuyito, El Rodeo o El Helicoide, entregaron denuncias individuales ante el Ministerio Público, además de un documento colectivo donde no solo piden la libertad inmediata, sino el cese de traslados arbitrarios, que se garantice una atención médica adecuada así como el ingreso de alimentos y medicinas.
El grupo también reclamó al fiscal general, Tarek William Saab, sus declaraciones en las que afirmó que «todos son terroristas» y no han recibido denuncias de violaciones a los derechos humanos. Por primera vez en cuatro meses, funcionarios se acercaron a la protesta para conversar con algunas personas, tomar sus datos y pedirles que «entreguen las pruebas«.
Un funcionario comentó que «se están haciendo las revisiones, pero son muchos casos y necesitamos que traigan las pruebas».
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