La presentación del primer boletín del CNE, por su presidente Elvis Amoroso, fue de una torpeza inimaginable en un funcionario supuestamente con conocimientos y experiencia de muchos años. Los resultados, anunciados como irreversibles cuando matemáticamente no lo eran, aumentaron las dudas existentes en los electores y la población en general, sobre la imparcialidad del árbitro, y dieron sustento al discurso sostenido desde siempre, sobre el fraude electoral, por ese sector de la oposición. Esa presentación, junto con el cierre luego de la página Web del CNE, la no publicación de las actas, la no entrega de los resultados a los participantes, la inexistencia de un segundo boletín que diera cuenta del 20 por ciento de las actas restantes, la suspensión de varias auditorías obligatorias programadas para las horas siguientes al cierre de proceso y la inexistencia de información de las actas de la verificación ciudadana, del 54 por ciento de las urnas en el ámbito nacional, obscurecen y casi invalidan, de no efectuarse las correcciones debidas, la validez del proceso electoral realizado.
El consecuente rechazo de la Plataforma Unitaria Democrática era totalmente previsible, pues tiene derecho de exigir la existencia de transparencia en los resultados electorales, independientemente de cuáles sean sus razones íntimas de actuación. El rechazo de una parte de la población venezolana era también esperable, sin la necesidad de que nadie lo impulsara o lo dirigiera con propósitos aviesos. La presencia de exaltados violentos dentro de estas movilizaciones ciudadanas pacíficas es algo que siempre ocurre, pero que no puede ser utilizado para descalificarlas. Todo ello ha ocurrido en los días siguientes a la culminación de las votaciones.
Asimismo, hemos visto las acciones vandálicas de grupos encapuchados organizados, dirigidas al saqueo de comercios, al asalto de instalaciones militares y policiales y a la destrucción de bienes públicos, cuyas operaciones tienen que ser enfrentadas policialmente, pero cumpliendo siempre en forma estricta con el respeto de los DD HH y el debido proceso judicial. No es con la represión incontrolada del Estado, ni mucho menos con el uso monstruoso de grupos parapoliciales, contra la gente inerme en su mayoría, como se resolverán las cosas.
El Centro Carter dijo que no es posible verificar la supuesta victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Ésta es una afirmación real, que nadie puede objetar. Con ella afirma, como veedor invitado oficialmente por el Consejo Nacional Electoral, que no considera las acciones oficiales de éste o de su Presidente, como suficientes desde el punto de vista legal para ser aceptadas. El Centro Carter no dijo que había ganado Edmundo González Urrutia, pues no considero que los reclamos públicos hechos por éste eran pruebas legales suficientes para declararlo victorioso. Se mantiene en una posición imparcial, ajustada a los hechos y no a los deseos de nadie.
EE UU reconoce a González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales venezolanas, pues considera que obtuvo la mayoría de los votos en las mismas. Asume esta posición pese a que, lo que se discute precisamente en el país es la magnitud de la votación obtenida por los dos competidores principales a Presidente de la República. Existen dos posiciones antagónicas al respecto: la del gobierno y la de la Plataforma Unitaria Democrática, cada una de las cuales se atribuye la victoria.
EE UU actúa claramente en apoyo de una de las tendencias existentes, algo que viene haciendo desde hace varios años. Recordemos que, para ellos, Juan Guaidó es el Presidente de Venezuela, por lo que ahora lo tendrán como presidente en ejercicio y a González Urrutia como presidente electo. No sé si en este enredo organizarán también una entrega de mando en el futuro.
Esta monstruosa situación política, acompañada de una violencia política opositora también perversa, es totalmente obscena para la nación venezolana. Su adolorida población es la que sufre las consecuencias trágicas actuales y sufrirá las futuras, si no se llega a un acuerdo que acabe con esta espantosa irracionalidad.
Resolver por la fuerza un conflicto, que no ha podido resolverse por esa vía en 25 años, pues todos los intentos realizados han fracasado, dejando solo muertos, heridos, presos, exiliados y numerosas familias fragmentadas física o políticamente, ha sido una posición irracional e inhumana de los bandos enfrentados, sin importar las razones aducidas. Una negociación se impone, que nos permita salir de esta tragedia. Es funesto seguir viendo al fiscal general presentando entrevistas de jóvenes paupérrimos, declarando que fueron comprados por unos pocos dólares y algo de droga, pues ello desnuda ante nosotros y ante el mundo entero la triste realidad social a que hemos llegado.
¡Señores todos! Recapaciten por un momento, si es verdad que vuestro interés es el pueblo venezolano.