En Yaracuy culmina el despliegue territorial de la consulta que se tradujo en más de 400 mesas de trabajo en todo el país. En el estado habrá dos días de discusión para recibir propuestas, lo cual abarcará los 14 municipios.
Yaracuy fue epicentro este martes de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, la cual cierra en nuestra entidad su fase territorial. La jornada contó con la presencia de Larry Devoe, fiscal general de la República, quien lidera la comisión que realiza este trabajo instruido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez; además de la presidenta del TSJ Caryslia Rodríguez, el ministro de Asuntos Penitenciarios Julio García, el defensor público general Daniel Ramírez y el gobernador de Yaracuy Leonardo Intoci.
En el encuentro estuvieron diputados de la Asamblea Nacional, legisladores regionales, alcaldes, concejales, representantes en la entidad de los Poderes Públicos, miembros del tren ejecutivo regional y fuerzas vivas del estado.
En su intervención, Devoe enfatizó en la necesidad de transformar la justicia de manera estructural, dejando atrás la frase “es que siempre se ha hecho así”, entendiendo que se debe revisar y cambiar lo que no funciona y adaptarse a la realidad actual. “Transformar la justicia pareciera algo operativo, pero no, va mucho más allá, es reconstruir la confianza de la población en un sistema que se creó para dar respuestas”.
Calificó la consulta como amplia e inclusiva, “participan todos los sectores de la sociedad. En nuestro país hay temas que nos han dividido por mucho tiempo, pero hay asuntos que son de consenso y este es uno; independientemente de las posiciones políticas, partidistas o sociales es necesario transformar profundamente el sistema de justicia penal”.
Renovó el llamado a participar. “Ya van 408 mesas de trabajo a nivel nacional. Vamos a estar aquí en Yaracuy hasta el jueves con las mesas de trabajo, yo propondría que a partir de una metodología común podamos extender este proceso de consulta a todos los municipios, que no se centre solamente en lo que estamos haciendo acá y que podamos en un plazo determinado poder recibir los aportes del estado Yaracuy al proceso de transformación profunda del sistema de justicia penal de nuestro país”.
Nosotros tenemos la obligación –añadió- de generar las condiciones para que todos y todas puedan participar en este proceso y tengan los espacios para hacer llegar sus propuestas, sus opiniones y sus ideas.
De igual forma, señaló que la consulta tiene dos objetivos, uno de ellos es realizar un proceso para construir el diagnóstico y el segundo es, a partir de eso, construir una hoja de ruta común con plazos para la transformación de la justicia, “en donde todos los sectores se pongan de acuerdo hacia dónde debemos ir, y con un mecanismo para medir los avances ¿Qué debemos hacer para cambiar el sistema de justicia penal? No es un plan o un operativo, es un cambio estructural porque de lo contrario en seis meses estaremos en la misma situación”.
«fundamentalmente tenemos que poner el énfasis en las debilidades que tenemos y una de ellas es el acceso a la justicia»
Larry Devoe, fiscal general de la República
Énfasis en las debilidades
“Partimos de un reconocimiento no solo implícito, sino también expreso de que el sistema de justicia que tenemos en la actualidad no se corresponde con las expectativas de la población, menos aún se corresponde con el modelo planteado en la Constitución de 1999, lo que nos pone en una gran tarea”.
Dijo también que el sistema tiene fortalezas, “tenemos 26 años de desarrollo como Estado y de implementación de la justicia, tenemos leyes, prácticas e instrumentos y esto lo debemos consolidar, proteger y expandir a otras realidades”.
Sin embargo –señaló- fundamentalmente tenemos que poner el énfasis en las debilidades que tenemos y una de ellas es el acceso a la justicia, no solo el físico, sino la gratuidad (expresó que aunque es gratis hay unos costos económicos altos en el camino), y principalmente el retardo procesal que afecta al imputado y a la víctima que busca justicia.
“El retardo procesal tiene implicaciones concretas, no son solo opiniones, por ejemplo, en Yaracuy tenemos en el Ministerio Público 40 mil causas en fase de investigación o preparatoria y 14 mil casos en fase intermedia y de juicio. Es un desafío concreto para la justicia enfrentar ese universo de causas”.
También hay que poner atención al tema de la corrupción, “son prácticas contrarias a la ética del servicio público y que afectan la credibilidad del cuerpo del sistema de justicia. Tenemos que ser muy firmes, porque no podemos permitir que la actuación desviada de unos pocos o de algunos afecte la imagen, la credibilidad y el trabajo que realiza la mayoría con honestidad”.
Hizo mención, además, a la necesidad de actualizar el sistema de justicia a los avances tecnológicos, de tal manera de automatizar procesos que aún se realizan de forma manual. “Mientras el mundo discute si la IA va a suplantar al ser humano o no, nosotros seguimos con un sistema de justicia anclado al Excel para los reportes y sumando con palitos que casi nunca cuadran al final”.
Mencionó, de igual forma, otros ejes que se debaten como es el talento humano, la infraestructura física y las condiciones materiales para cumplir la labor de la administración de la justicia.
Revisión de las leyes
Devoe indicó que este trabajo implica la revisión de leyes. Puso como ejemplo la reforma de la ley contra el odio, que se discute en la Asamblea Nacional, que fue mal aplicada, “fue creada para combatir la incitación al odio y que fue empleada en casos distintos a eso”.
Añadió que el Código Penal hay que actualizarlo y todas las leyes especiales, “hacer un reseteo de todo el sistema de penas, garantizar la debida proporcionalidad de las penas y los delitos. No es solo revisar las leyes, sino también las prácticas”.
Asimismo, hay que revisar las jurisdicciones especiales, por ejemplo, el tema de la violencia contra la mujer. En este sentido, el fiscal general indicó que ese es un tema fuerte en Yaracuy, ya que de cada 5 delitos que se reciben todas las semanas 4 son de violencia contra la mujer. Con respecto a eso recordó que este lunes la Presidenta dio un paso importante firmando el reglamento de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, “lo que ahora se debe llevar a la práctica”.
Por otra parte, también hizo énfasis en que se debe ampliar el debate en torno a las fórmulas no privativas de libertad durante los procesos, incluso, cuando ya hay condenas, “lo cual está contemplado en la Constitución”. “Pareciera extendida la creencia de que justicia es calabozo, es cárcel, es encierro. Si una persona no pasó 5 años preso físico, resulta que el caso impune. Eso no es solo nuestro, es de todo el continente”.
Gobernador: Es importante que cada uno de los sectores exprese su voz
«Esta es una actividad extraordinaria, una convocatoria que ha hecho la Presidenta para que cada una de las regiones se sume en esta consulta y que sea de voz del propio pueblo que de manera directa participe y pueda en esta metodología aportar para construir nuestro sistema judicial», así lo expresó el gobernador Leonardo Intoci.
Es importante que cada uno de los sectores exprese su voz -añadió- que cada una de las regiones tenga la oportunidad de aportar en este mapa global de nuestro país en algo tan importante como lo es el sistema judicial. Por supuesto Yaracuy, con muchísimo rigor y muchísima alegría, suma su voz a esta extraordinaria iniciativa de la Presidenta.
«Cada uno de los sectores de Yaracuy aportará con mucha mística, con mucho compromiso y responsabilidad para que superemos los grandes desafíos que hoy tenemos en nuestro sistema judicial. No tenemos duda de que esta consulta en Yaracuy traerá excelentes resultados», expresó.
Por su parte, la presidenta del TSJ Caryslia Rodríguez manifestó que hay un pueblo esperanzado contando con cambios, por lo que se han sumado en ese afán de verse como un sistema integral y así ir dando respuestas efectivas e ir cumpliendo las expectativas de todos los venezolanos que esperan mucho del sistema judicial y particularmente del sistema penal.
De igual forma, el ministro de Asuntos Penitenciarios Julio García y el defensor público general Daniel Ramírez, coincidieron en expresar que esta iniciativa ha ido tomando cada vez más fuerza, con el recorrido realizado en todo el país, cumpliendo con las instrucciones de la presidenta Delcy Rodríguez quien convoca a debatir sobre un tema tan fundamental como es el tema de la justicia.
Propuestas de diversos sectores
Representantes de diversos sectores tomaron la palabra para dar algunas propuestas a la comisión presidencial, hablaron desde el sector de la justicia de paz, el gremio campesino y los afrodescendientes, coincidiendo en que la igualdad debe prevalecer en la administración de justicia, enfatizando en que no se debe criminalizar la pobreza o solo a los sectores más vulnerables.
Impulso a la conciliación y mediación comunitaria
Tibayre Loyo, en representación de la justicia de paz, propuso que debe revisarse el hecho
de que un porcentaje considerable de los casos que colapsan el sistema penal no son
delitos graves, son conflictos de carácter vecinal. “Hoy vemos como una discusión de linderos, una filtración de agua desatendida o una rotura accidental de un bien vecinal termina convertida en un expediente en el Ministerio Público”.
En el diagnóstico se realice se debe medir cuantas actuaciones que hoy ocupan despachos y horas en tribunales de control debieron resolverse oportunamente a través de la conciliación y la mediación comunitaria. “Si la justicia de paz comunal asume la convivencia diaria el Ministerio Público podrá concentrar todo su esfuerzo técnico para castigar el delito grave y la delincuencia organizada”, señaló.
Por otra parte, fue enfática en expresar que la pobreza no puede ser tratada como un delito; “vemos con preocupación como muchas veces el sistema penal termina castigando la necesidad más que la conducta. Debe desaparecer de una vez por todas la criminalización de la pobreza, no puede mantenerse la situación de que quienes carecen de recursos deban enfrentar la administración de justicia en condiciones de desventaja”.
Justicia con equidad para todos
Desde el sector agrario también hacen propuestas a la reforma del sistema de justicia. Luis Ramos, representante de la Comisión Nacional de Tierras por el estado Yaracuy, siendo uno de los principales clamores el cese de la judicialización del campesino por la tenencia de la tierra, así como que se haga una revisión exhaustiva por parte de las autoridades competentes: tribunal agrario, la defensoría agraria, la fiscalía agraria 60 y los consejos de los movimientos campesinos.
“Que la justicia sea de igualdad, no solamente para el campesino o pequeño productor, sino también para los grandes productores. Hacemos este llamado porque creemos en la justicia, en esta Venezuela que renace y en esta patria de Bolívar; creemos en la igualdad social del pueblo”.
Hoy aquí no solo habla un campesino –añadió- hablamos millones de campesinos que producimos para garantizar la seguridad agroalimentaria para nuestro país, “por eso queremos manifestar que como esta justicia de paz llega a cada esquina de la ciudad, también llegue a cada camino verde del campo”.
Erradicación del racismo en la justicia
Yorwin Sevilla, en representación de la comunidad afrodescendiente, hizo una retrospectiva de lo que ha sido la lucha constante contra el racismo que, según aseguró, es un legado de la época colonial que aún sigue presente en Venezuela, y que sí tiene incidencia en la administración de justicia, inclinando la balanza en contra del pueblo afro.
Una de las propuestas de este sector es la creación de una fiscalía especializada en delitos de discriminación y perfilamiento racial que permita una buena administración de justicia para los pueblos vulnerables, así como también la conformación de una comisión nacional para la erradicación del racismo en la justicia.
Dijo que es necesario que se midan variables étnico raciales que permitan establecer cuántos afrodescendientes están judicializados bajo condiciones que fueron con criterios erróneos. Asimismo, hizo énfasis en que a nivel educativo sean tratados estos temas.
