El abogado y representante legal del Comando con Venezuela Perkins Rocha afirmó que las inhabilitaciones políticas impuestas a dirigentes opositores carecen de fundamento constitucional, debido a que no estuvieron precedidas por condenas penales. Por ello, consideró que el nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debería revisar estos procedimientos y avanzar en su anulación definitiva como parte de la reconstrucción institucional del país.
Durante una entrevista este domingo 1 de noviembre, Rocha cuestionó la actuación de la Contraloría General de la República en la aplicación de estas medidas y sostuvo que las inhabilitaciones constituyen sanciones accesorias que, a su juicio, requieren una condena penal previa, publicó El Impulso. “Las inhabilitaciones son sanciones accesorias a una sanción penal que nunca ocurrió. Nadie de los que fue inhabilitado fue condenado penalmente», expresó el jurista.
El abogado hizo referencia particular al caso de María Corina Machado y cuestionó cuál fue la condena principal que habría justificado la restricción de sus derechos políticos. “¿Dónde estuvo la pena principal que condenó a María Corina Machado y el resto de todos los líderes políticos que fueron inhabilitados?”, planteó.
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En consecuencia, sostuvo que corresponde a una nueva instancia del máximo tribunal revisar estas decisiones y restituir los derechos políticos afectados. Otro de los aspectos señalados por el representante legal del Comando con Venezuela fue la falta de transparencia en los procedimientos administrativos relacionados con las inhabilitaciones.
Rocha denunció que estas medidas no fueron notificadas formalmente a los afectados y que parte de la información se conoció mediante publicaciones y anuncios en páginas web, sin que existiera una comunicación oficial que garantizara el debido proceso.
Frente a esta situación, explicó que existen mecanismos jurídicos diferentes para abordar los casos de los dirigentes afectados. En el caso de María Corina Machado, planteó la posibilidad de interponer un recurso de hecho, debido a que considera que nunca se produjo una inhabilitación formal debidamente notificada. Para los demás dirigentes opositores, señaló la posibilidad de acudir a recursos de nulidad contra las decisiones administrativas.
El jurista insistió en que la revisión de estas medidas debería formar parte de las primeras actuaciones del nuevo TSJ, al considerar que la restitución de los derechos civiles y políticos es un elemento fundamental para recuperar la institucionalidad venezolana.
