Mónica Martínez, coordinadora general del partido La Causa R en el estado Yaracuy, se pronunció para denunciar que «el patrón de amedrentamiento hacia las comunidades y la dirigencia política continúa intacto», especialmente en los municipios Páez, Urachiche y Bruzual.
«Observamos con preocupación testimonios de personas de comunidades rurales como El Diamante y El Picure, quienes manifiestan ser chantajeados clandestinamente con quitarles beneficios del Clap, bonos de la patria y hasta sus trabajos si hacen oposición a las políticas del Gobierno», dijo Martínez.
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La dirigente señaló que esto quedó evidenciado durante el reciente amedrentamiento que sufrió el periodista Ricardo Tarazona en Urachiche: «Un hecho que condenamos; es un atropello al legítimo derecho a ejercer su trabajo con total libertad, al legítimo derecho de los ciudadanos y de la dirigencia política que a fin de cuentas también es ciudadanía, a denunciar los problemas de las comunidades para que se les dé solución y respuesta».
Martínez señala que esto no es nuevo, sostiene que existe una predisposición por parte del Estado. «Considero que, de acuerdo a las declaraciones de Delcy Rodríguez, el modelo represivo al que se acostumbraron ya no es válido ni para sus propias filas en esta etapa que el país atraviesa. El retorno a la legalidad se hace imprescindible, y todos los venezolanos debemos colaborar».
