La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha dado un paso clave en su política hacia Venezuela, mediante la emisión de las licencias generales 46E, 48D y 49B, con las que el organismo busca flexibilizar de manera controlada la actividad en los sectores clave de energía, petroquímica e infraestructura eléctrica venezolana.
Estas disposiciones, que sustituyen a sus versiones predecesoras, abren canales específicos para el empresariado estadounidense bajo estrictas directrices de supervisión y cumplimiento.
La licencia general 46E se refiere a la comercialización e importación de hidrocarburos. Este instrumento autoriza formalmente a las entidades estadounidenses establecidas a gestionar operaciones de compra, venta, transporte, refinación y comercialización de petróleo y derivados petroquímicos de origen venezolano con destino al mercado de Estados Unidos.
La normativa permite contratar servicios logísticos en puertos y rutas marítimas locales, pero impone líneas rojas financieras muy claras: se prohíbe terminantemente el uso de criptomonedas estatales como el petro, los pagos en oro y cualquier esquema de reestructuración de deuda.
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Otra licencia general es la 48D, que aborda el tema del soporte técnico y provisión de bienes operativos. Está orientada a revitalizar la infraestructura productiva; esta licencia habilita el suministro de bienes, software, tecnología y servicios especializados para la exploración y producción de gas, petróleo y derivados petroquímicos, así como para los sistemas de generación, transmisión y distribución de electricidad.
Aunque facilita el mantenimiento y reparación de las instalaciones actuales, la medida mantiene restricciones severas, vetando de forma expresa la exportación o reexportación de diluyentes hacia Venezuela y la creación directa de nuevas empresas mixtas (joint ventures).
Por último, la licencia general 49B, que contempla la fase preparatoria y contratos contingentes. Está pensada para sentar las bases de futuros proyectos; esta autorización permite a las compañías negociar y suscribir “contratos contingentes”, además de ejecutar auditorías y procesos de debida diligencia legal, técnica y ambiental.
No obstante, el marco legal establece una condición restrictiva indispensable: ningún acuerdo bajo esta figura puede entrar en ejecución ni implicar desembolsos financieros u operaciones prácticas hasta que las partes tramiten y obtengan una licencia específica e independiente emitida directamente por la Ofac.
