El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth afirmó este domingo 7 de diciembre que el Gobierno del presidente Donald Trump no tiene como objetivo impulsar invasiones, cambios de regímenes ni proyectos de intervencionismo militar tradicional, al referirse a la nueva orientación de la política de defensa estadounidense, de acuerdo a publicación de Globovisión.
Durante su participación en el Foro Nacional de Defensa Ronald Reagan, realizado en California, el alto funcionario sostuvo que el Departamento de Guerra se enfocará exclusivamente en la disuasión y la protección de los intereses nacionales, dejando de lado iniciativas que, a su juicio, marcaron negativamente etapas anteriores de la política exterior de Washington.
“El Departamento de Guerra no se distraerá con la construcción de democracias, el intervencionismo, las guerras indefinidas, el cambio de gobiernos, el cambio climático, la moralización ‘woke’ ni la construcción ineficaz de naciones”, afirmó Hegseth.
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El jefe del Pentágono explicó que la prioridad de la administración Trump será evitar conflictos a gran escala, mediante una estrategia centrada en la disuasión militar. “Disuadiremos la guerra, promoveremos nuestros intereses. La paz es nuestra meta”, subrayó.
Las declaraciones se producen en medio de las críticas y tensiones generadas por los operativos navales de Estados Unidos en el Caribe y la amenazas a Venezuela, los cuales han sido cuestionadas por distintos sectores internacionales por sus implicaciones legales y humanitarias.
Justificación de los ataques
En ese mismo foro, Hegseth defendió los ataques contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, comparando dichas operaciones con la lucha contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
“Si trabajas para una organización designada como terrorista y traes drogas a este país, te encontraremos y te hundiremos”, declaró.
Según datos citados por medios estadounidenses, estas acciones han dejado más de 80 personas fallecidas, generando un intenso debate en el Congreso y en organismos defensores de derechos humanos sobre posibles violaciones al derecho internacional.
