La Asamblea Nacional designó este jueves 9 de abril a los abogados Larry Devoe y Eglée González Lobato como fiscal general y defensora del pueblo, respectivamente.
Larry Devoe, quien era secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, estaba encargado de la Fiscalía General de la República tras la renuncia de Tarek William Saab el pasado 25 de febrero.
Abogados como Joel García han señalado una contradicción que debería haber descalificado su postulación. Devoe no ha sido fiscal o juez, su ámbito de litigio ha estado vinculado a su papel de agente del Estado venezolano ante la OEA y la ONU. “Su rol ha sido defender las políticas del Ejecutivo. Pasar de ser el “abogado defensor” del Gobierno a fiscal general representa un conflicto de intereses insalvable que anula la imparcialidad objetiva”, dijo.
En el caso de Eglée González Lobato, es doctora en Derecho, consultora política y profesora universitaria. Ha sido consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la UCV, consultora internacional del PNUD y miembro de la junta directiva de Transparencia Internacional.
Leer también: Venezuela y Granada buscan establecer canales de comunicación más directos
El diputado Guiseppe Alessandrello, presidente del Comité de Postulaciones de la AN, dijo que había un “interés genuino para servir al Poder Ciudadano” entre las personas que entregaron sus credenciales.
Explicó que se seleccionaron 32 postulaciones al cargo de fiscal y 37 para la función de defensor.
“Todas las decisiones adoptadas en el comité fueron tomadas por consenso y de forma unánime”, aseguró Alessandrello, quien leyó la lista de elegibles para ambos cargos.
Los parlamentarios designados para escoger los nombres finales que se sometieron a la plenaria fueron Jehyson Guzmán, Carolina García, Pedro Carreño, Blanca Eckout, América Pérez, David Uzcátegui, Omar Veracierto, Luis Augusto Romero, Tomás Guanipa, Stalin González y Winston Vallenilla.
La fracción Libertad rechazó la designación de ambos por no “reunir las condiciones de idoneidad, independencia y pluralidad”.
La designación para los cargos de fiscal general y defensor del pueblo debió concretarse el pasado 27 de marzo, según un cronograma elaborado por la organización Acceso a la Justicia con la poca información disponible.
