En horas de la mañana de este martes 25 de agosto el grupo de abogados que integra el movimiento Yaracuy en Transición dió a conocer el resultado de las encuestas realizadas sobre la situación penal en Yaracuy, el cual fue colectado en dos jornadas realizadas en julio y los primeros días del presente mes, por medio de los cuales concluyeron que existe retardo procesal.
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Marbella Gutiérrez, abogada penalista, detalló que también se visibilizó el hacinamiento que hay en los centros de detención preventiva, insalubridad, mala alimentación y otra serie de irregularidades.
“El derecho a la defensa también está afectado, porque la defensa pública ha sido muy ineficiente en el ejercicio de sus funciones. Es grave el tema de la siembra de evidencias en los procedimientos de aprehensión”, dijo Gutiérrez.
Añadió que todo esto lo tienen detallado con números, lo cual será denunciado ante la embajada de Estados Unidos, “necesitamos que se acelere el proceso de reconstrucción del sistema de justicia, es prioridad y no se puede retardar”.
Resaltó que para tener mayor contundencia en la solicitud se van a unir a grupos de abogados de otros estados, “debido a la inoperancia del sistema de justicia en el estado que nos pone en riesgo a todos”.
Gutiérrez dijo que los casos encuestados están siendo manejados con mucha responsabilidad para evitar que se filtren nombres o datos importantes, pues los abogados solo necesitan conocer las irregularidades que existen en cada causa.
La especialista en derecho penal aseguró que hubo muchas personas que no participaron en el censo por temor, pero los que sí lo hicieron contaron lo que viven a diario desde que sus parientes están presos, “es grave lo que está ocurriendo, es una carnicería comercial, pagan dinero para pasar agua, para ubicar a los presos en un espacio seguro, también el pago de la causa”.
En este sentido, Luis Magallanes, abogado penalista, añadió que Yaracuy no existe cárcel porque la única que había fue cerrada y ahora los presos están en centros de detención preventiva en los que están hacinados.
“En la Comandancia General de Policía hay al menos 500 presos, en la División de Investigación Penal 700 aproximadamente y en el CICPC Yaritagua 40”, manifestó Magallanes en su intervención.
Al mismo tiempo los familiares que estuvieron presentes en la asamblea dijeron que es necesario que pongan en funcionamiento nuevamente en Internado Judicial de San Felipe, pues hay presos con causa en Yaracuy que fueron trasladados a otro estado y a la familia se le hace difícil económicamente visitarlo.
