Se conoció de buena fuente que para el 8 de septiembre del presente año está pautada la continuación de la audiencia de juicio para los 22 hombres y mujeres yaracuyanos que fueron detenidos durante la Operación Trueno, la cual fue realizada en el estado el 2 de mayo de 2022.
Desde entonces, los investigados han pasado por todo un proceso judicial que lleva cuatro años y hasta la fecha no hay un juicio concluido.
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Inicialmente eran 23 presos, pero uno de ellos falleció hace dos meses en la cárcel Rodeo III (Miranda) al presentar un cuadro clínico complicado, situación que ahora presenta otro de estos privados de libertad que permanece en el David Viloria, ubicado en el vecino estado Lara.
Lo cierto es que, según la versión ofrecida en reiteradas ocasiones por familiares de los 22 restantes, ha sido un proceso judicial muy interrumpido y lleno de irregularidades, lo que ha retrasado todo.
Los privados se encuentran distribuidos en diferentes penales del país y las veces que les han realizado audiencia es por telemática, porque reunirlos a todos es un tema complicado por los traslados de un estado a otro, pues los encuentros judiciales son en la ciudad de Caracas.
Sucede que la fiscalía a cargo del caso es con competencia en terrorismo y funciona en Caracas, al igual que el tribunal.
A los investigados les imputaron los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, tráfico ilícito de armas y de municiones.
Las personas fueron detenidas en diferentes municipios del estado durante el operativo que fue realizado en todo el país por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, esto con la intención de acabar con bandas delictivas.
A pesar de ello, los parientes de los yaracuyanos han insistido en que sus familiares son inocentes; ninguno está vinculado con bandas organizadas, tampoco tienen antecedentes y no son delincuentes; por el contrario, son personas trabajadoras, algunos estudiantes, padres de familia y cabeza de hogar.
