El fiscal general de la República Tarek William Saab informó que dos exfiscales del estado Lara serán imputados por corrupción.
En la cuenta de Instagram del organismo, Saab mencionó que fue solicitada orden de aprehensión contra la abogada Darling Ortiz, exfiscal 6 del estado Lara, reseñó El Pitazo.
Ortiz será imputada y privada de libertad por los delitos de corrupción propia, actos arbitrarios, ultraje al pudor público e incitación al odio.
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El máximo representante del MP señaló que también será imputado el abogado Jairo González, exfiscal auxiliar 6 de Lara, por el delito de corrupción propia en grado de complicidad.
Ortiz y González se suman a la lista de fiscales que han sido imputados por el Ministerio Público (MP).
El 9 de septiembre, Pedro Amaya, fiscal provisorio, y Freddy Franco, fiscal auxiliar de la fiscalía 1era del estado Carabobo, fueron privados de libertad por incurrir en los delitos de extorsión agravada, privación ilegítima de libertad, retraso u omisión intencional de funciones y asociación.
De acuerdo con lo indicado por Saab estos dos funcionarios “eran partícipes directos en los hechos de extorsión, cometidos por el delincuente Rafael Reyna, quien se encuentra procesado y privado de libertad en un centro de reclusión de la capital”.
En una publicación anterior, Saab mencionó que Reyna es un abogado que exigía grandes cantidades de dinero a las partes involucradas, con el objeto de favorecerles en las investigaciones, además simuló ser fiscal del Ministerio Público (MP).
Previo a las detenciones de Amaya y Franco, el Ministerio Público imputó al exfiscal superior del estado Carabobo, Miguel José Durán Trejo.
Junto con Durán Trejo fueron acusados 10 exfiscales: Marilyn Jackeline Hernández, Gabriel José Sánchez, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Osorio Pimentel, Luis Maldonado, Ángel Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva y Ángel Dorta Sivira.
Saab mencionó que estos exfuncionarios incurrieron en la presunta comisión de los delitos de obstrucción a la administración de justicia; ventajas o beneficios económicos de funcionarios públicos; retraso u omisión intencional de funciones agravadas; uso indebido de información o datos reservados y asociación.
