En Venezuela, gracias a un penoso trabajo de adoctrinamiento con muchos protagonistas, la confrontación se ha vuelto costumbre. No hablamos ya de un debate de ideas, sino de una incesante guerra de palabras donde los argumentos se agotan y las excusas sobran. El país atraviesa una larga etapa de desgaste moral y político, donde cada sector parece más interesado en sostener su propio relato que en resolver los problemas reales.
Vivimos en una diatriba estéril, alimentada por el extremismo ideológico, en la que la retórica suplanta la acción y la consigna sustituye a la responsabilidad. Los terribles hechos del 3 de enero de 2026 exteriorizan una gran herida en nuestra sociedad que urge ser atendida y ya no admite los pretextos de una leyenda futurista que solo ha servido para alimentar fanatismos, etiquetas y populismo verbal del más genérico.
El drama venezolano no radica solo en su economía agotada ni en sus servicios colapsados, sino en la incapacidad colectiva de levantar la mirada y trabajar en la misma dirección. Hemos hecho de la discordia una norma y de la incompetencia, un hábito. Mientras tanto, millones de ciudadanos esperan, con apenas expectativa, un gesto de sensatez, un cambio de tono, un mínimo acuerdo que permita sacar al país del pozo.
Pero en lugar de soluciones concretas, el discurso oficialista y sus contrarios siguen atrapados en la simple tentación del pretexto: siempre hay una causa externa o interna que justifica la crisis, o un enemigo, creíble o no, que impide avanzar. Venezuela no necesita más diagnósticos ni más consignas. Necesita hechos.
Si la gestión pública no se traduce en resultados, es pura escenografía; si la oposición no ofrece un proyecto viable, se convierte en eco vacío de la queja. La política nacional debería dejar de mirar hacia el pasado en busca de redenciones y fijar su rumbo hacia el presente, donde el país exige respuestas urgentes: agua, luz, hospitales, seguridad, instituciones que funcionen. Lo demás es ruido, humo y eslóganes, eso que Umberto Eco definió como el miedo a la diferencia y el antirracionalismo.
En días recientes, la nación ha enfrentado situaciones que ponen a prueba su soberanía y su estabilidad. Cualquier incursión militar extranjera, sea del signo que sea, merece condena absoluta. Ningún país libre puede aceptar que otros decidan por él. Pero repudiar la agresión no basta para reconstruir. El país debe seguir su curso, y eso implica sanar lo que de verdad importa: la salud pública, la educación, la economía, el respeto a la ley.
La vida nacional no puede detenerse en la indignación perpetua. Aceptar las pérdidas, asumir los errores y seguir adelante es el signo de la madurez social. No se trata de olvidar, sino de comprender que el duelo no puede ser motor de más odio entre compatriotas. Ni la derrota debe convertirse en excusa para la venganza, ni la victoria en licencia para humillar. La superación de esta crisis pasa, inevitablemente, por un pacto de convivencia donde nadie sea perseguido por pensar distinto, donde las leyes y la cárcel dejen de ser herramientas políticas y la discrepancia recupere su valor democrático.
La unidad, tantas veces invocada y tan pocas veces practicada, es la única salida digna para Venezuela. Unidad no significa uniformidad ni sometimiento, sino reconocimiento mutuo: entender que el país no pertenece a una facción, sino a todos sus ciudadanos. Que el futuro no se construye destruyendo al otro, sino tendiendo puentes sobre las ruinas de una nación que ha sufrido demasiado.
Quizás la verdadera revolución que necesitamos no sea ideológica ni partidista, sino ética: la de abandonar el odio y redescubrirnos como comunidad. Si algo puede salvar a Venezuela, no será un caudillo, ni una epopeya frustrada, ni un decreto, sino la decisión de sus habitantes de dejar atrás la trinchera y salir, juntos, a reconstruir lo que aún puede salvarse. Porque la unidad, tan desacreditada por los abusos de unos y las desilusiones de otros, sigue siendo nuestro único camino posible.
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