Hablar de reconciliación en Venezuela ha sido, durante años, un ejercicio de ingenuidad y resistencia moral. Cada vez que la idea resurge, el oficialismo se encarga de vaciarla de nobleza, convertirla en consigna útil y, finalmente, en silencio. Han hecho de la política un campo de obediencias, domesticando la diferencia hasta reducirla a sospecha. Bajo esa pedagogía del desencuentro, el país aprendió que disentir es peligroso y pactar una traición.
Nuestra crisis presente —moral, económica y emocional— surge de ese manejo antipolítico del poder que prefiere la lealtad ciega a la convivencia crítica. Sin embargo, sería un error suponer que el deterioro es unidireccional. La oposición, que debería encarnar el equilibrio, ha confundido demasiadas veces la crítica con el espejo. Se fragmenta no solo por estrategia, sino por vanidad.
Por eso el 3 de enero de 2026 tuvo más de acto simbólico que de gesto político: un intento por reconciliarse a sí misma mientras promete reconciliar al país. La palabra sonó solemne, pero pronto se perdió entre discursos y recelos. Donde se pide grandeza, aparecen candidaturas; donde se reclama unidad, florecen los egos.
El caso del exgobernador Eduardo Lapi retrata esa contradicción. Fue acusado de personalista por algo tan elemental como decir públicamente lo que muchos pensaban en privado: que deseaba regresar al país y competir nuevamente en Yaracuy. Fue sancionado no por ambición, sino por transparencia. En cambio, quienes lo señalaban entonces recorren hoy los mismos caminos, a oscuras, en campaña encubierta, entre susurros y cautelas; sí ambicionan, pero “no es momento”, y lo dicen en cada encuentro de promoción del yo: son el “Hermano Cocó” de la política. Se repite el viejo ciclo: primero se condena el deseo de poder, luego se le imita.
Aun así, no todo el peso recae en la oposición. El oficialismo, con su eficacia implacable, ha perfeccionado el arte de inocular la división. Su táctica ha sido constante: fomentar la desconfianza, manipular el perdón, aparentar diálogo sin conceder encuentro. Para el poder, toda reconciliación verdadera es un riesgo, porque implicaría reconocer al otro como interlocutor legítimo. Y eso va contra su dogma fundacional: gobernar sin aceptar límites, administrar el país como propiedad exclusiva de su causa.
Pese a todo, el desgaste ofrece una oportunidad. Las heridas, tantas veces explotadas, pueden volverse motores de cambio. La recién aprobada ley de amnistía podría marcar un comienzo simbólico si se entiende como espacio de maduración. No pretende borrar la memoria, sino restablecer la posibilidad de compartir el mismo país sin temer al pasado. No habrá reconciliación si sigue usándose la justicia como arma o el perdón como estrategia electoral.
El desafío, ahora, es inmenso. El poder debe abandonar su arrogancia punitiva y aceptar que ningún proyecto puede sostenerse sobre la negación del otro. La oposición, por su parte, necesita despojarse de su pureza autoproclamada y comprender que sin autocrítica no habrá autoridad moral. Ambos extremos son culpables, aunque la responsabilidad mayor recaiga en quien ha ostentado y deformado el poder. Aun así, el país puede, y debe, aspirar a algo mejor: una política que vuelva a parecerse a la vida cotidiana, al trabajo, al respeto y no al enfrentamiento perpetuo.
La reconciliación verdadera no será decreto ni espectáculo, sino decisión cívica: un reencuentro con la sensatez, con esa antigua virtud llamada sindéresis, mezcla de juicio y empatía. No se trata de asumir culpas ajenas, sino de abandonar la comodidad del resentimiento.
Venezuela, tal vez por fatiga, parece lista para comenzar otro capítulo. Ha aprendido —a fuerza de desilusiones— que ninguna victoria individual vale un país fracturado. Si logramos limpiar el espejo y mirarnos sin maquillajes, veremos que el reflejo no está roto: solo cubierto de polvo. Quizás sea hora de limpiar firmemente. Y entonces, al fin, podríamos empezar una historia que dure algo más que un intento.
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