El odio es un sentimiento tan antiguo como la humanidad. Desde la filosofía, Aristóteles lo definía como la emoción que busca la destrucción de aquello considerado imperdonable; Spinoza lo veía como una tristeza acompañada de la idea de una causa externa. En todo caso, el odio es una emoción humana, no un delito.
No se puede legislar sobre lo que una persona siente, del mismo modo que no se puede imponer el amor por decreto u ordenar la empatía por ley. Intentar hacerlo es desconocer la esencia misma de lo humano. En Venezuela, el poder ha pretendido convertir ese sentimiento en una herramienta política. Lo hizo al promulgar la llamada “Ley contra el Odio”, una norma tan amplia como subjetiva, que según su discurso busca promover la convivencia pacífica, pero en la práctica se ha usado para silenciar voces, censurar críticas y criminalizar el pensamiento disidente. Pradójicamente, en nombre del amor y la amplitud, el Estado ha sembrado más miedo, resentimiento e intolerancia.
La reciente aprobación de una ley de amnistía, que abre la posibilidad de liberar a presos políticos, podría haber sido un punto de inflexión hacia la reconciliación nacional. Sin embargo, mientras siga vigente la ley del odio, ese gesto luce más simbólico que transformador. Se eliminan algunas cadenas, pero no se pueden mantener intactos los mecanismos de coerción que permiten encarcelar a quien piense diferente. Liberar a unos pocos no basta cuando el país entero vive bajo la sombra del miedo a hablar.
La aplicación de esta norma ha demostrado su carácter profundamente discrecional. Su redacción ambigua otorga al poder la capacidad de determinar qué discurso es “odioso” y qué no, sin criterios objetivos ni pruebas concretas de intencionalidad. En el derecho penal, la culpa requiere demostrar animus, una voluntad clara de causar daño. Pero en Venezuela, bastan un tuit, un mensaje de WhatsApp, una opinión o una denuncia para caer bajo sospecha.
La ley del odio trastoca principios esenciales: presunción de inocencia, libertad de expresión y debido proceso. Castiga el pensamiento, no los actos. El resultado de ese diseño legal ha sido devastador para el debate público. La gente se autocensura, los medios desaparecen, los periodistas miden cada palabra y el ciudadano común prefiere callar antes que arriesgar su libertad. Todo en nombre de una “convivencia” impuesta desde la amenaza. Así, la ley que pretendía erradicar el odio terminó institucionalizando la intolerancia. La represión genera más rencor; el miedo, más distancia. Y donde hay miedo, no florece el diálogo.
El filósofo francés Michel Foucault decía que el poder no solo se ejerce con cárcel y censura, sino con la capacidad de definir la verdad. La ley del odio cumple exactamente esa función: delimita lo decible, establece los límites del pensamiento permitido y encierra lo político en una sola narrativa: la oficial. En lugar de fomentar la paz, administra el discurso y castiga la diferencia.
Si el Gobierno realmente aspira a un proceso de reconciliación nacional, debe entender que esta no se decreta, se construye. No habrá reconciliación mientras existan leyes usadas como herramientas de represión. Un país no puede sanar si su marco jurídico legitima la sospecha constante sobre sus ciudadanos. No se puede pedir amor mientras se gobierna con miedo. La paz duradera requiere justicia, verdad y libertad, no normas que confundan la crítica con el delito ni castigos por sentir distinto.
Venezuela necesita menos leyes que hablen del odio y más políticas que hablen de derechos. Porque el odio no se erradica metiendo presos a los que opinan, sino desmontando las causas del resentimiento: la exclusión, la impunidad y la mentira. Solo cuando se entienda que ningún sentimiento humano puede criminalizarse, el país podrá comenzar a reconciliarse consigo mismo.
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