Hemos aseverado infinitas veces que nuestro país no verá un cambio radical que nos distancie de la tragedia de todo orden que nos ha ocurrido, si el canje no comienza primero en cada uno de nosotros. Ese mismo cambio que –según la última encuesta de Meganalisis, realizada a nivel nacional entre el 6 y el 11 de enero del corriente año– nos saque del “mal vivir, retroceso y pobreza”, que el 83,3 % de los encuestados identificó como “lo que trajo el socialismo a Venezuela” y que desea –según la misma encuesta– el 78,3 % de los indagados, cuando se les preguntó: si las elecciones fuesen hoy, ¿por quién votaría usted?
Llevamos 26 años padeciendo de los continuos desaciertos que han significado los acertijos de la “política” económica que ha implementado el Gobierno, que deshicieron el aparato productivo nacional e hicieron que se disparara la inflación interanual en 556 % a finales de 2025. Pareciera que lleváramos internalizado –cual síndrome de Estocolmo– más del “socialismo del siglo XXI” de lo que nosotros mismos creemos y es así como algunos ansían y piden, casi que a gritos, que se nos continúen aplicando esas nefastas malas mañas económicas.
Lo antes dicho tiene sustento en circunstancias como la del lunes 2 de los corrientes, cuando una comisión integrada por autoridades de universidades nacionales (Central de Venezuela, de Los Andes, de Carabobo y del Zulia) presentaron una demanda ante la Sala Constitucional –la misma que en el 2017 despojó de sus competencias a la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) y asumió sus funciones, permitiendo al Gobierno aprobar leyes y presupuestos sin control legislativo– del Tribunal Supremo de Justicia, reclamando la falta de ajustes salariales para el personal universitario desde el año 2023.
Dicho en otras palabras: los académicos exigieron que se cumpla con el artículo 91 constitucional, pretendiendo que se establezca por vía judicial, mediante sentencia, un salario mínimo que tome en cuenta el costo actual de la canasta básica: el conjunto de bienes y servicios esenciales para la subsistencia de una familia, incluyendo alimentos, artículos de higiene, limpieza, vivienda: alquiler y servicios públicos, y educación.
No obstante, que tienen razón esos docentes en el sentido de que los sueldos y salarios, por la galopante inflación, no alcanzan para absolutamente nada, insisten en que se aumenten de manera coercitiva sin más miramientos macroeconómicos. Y lo peor está en que, por la necesidad que tenemos, muchos les “compran” esa funesta especie. Es aquí donde debemos volver al principio: si queremos un cambio positivo en la deteriorada economía nacional que redunde en la economía familiar y personal, debemos entender primero que ello solo se logrará deslastrándonos radicalmente de las malas mañas socialistas en la producción, distribución y consumo nacional.
Por tanto, debemos dejar de pensar y exigir que se continúe con esa arcaica, desgastada y probada (con dolor y separación familiar, emigración y desmedro de los derechos humanos) praxis del Estado paternalista, quien impone, unilateralmente y a la fuerza, el monto de los sueldos y salarios que han de obtener los empleados y obreros del país.
Mientras se ha insistido en esos errores por más de dos décadas, países como Brasil, México, Chile, Uruguay y Panamá destacaron en 2025 como las economías más fuertes de Latinoamérica, basándose en el tamaño del producto interno bruto (PIB), la estabilidad, competitividad y productividad laboral.
Por cierto que el mejor PIB no es una cifra única, sino un crecimiento sostenible (entre el 3 % y 5 % anual) con baja inflación y alto índice de desarrollo humano; en tanto que Venezuela, durante los años 2013-2021, experimentó una histórica caída del PIB per cápita, dado que la economía se contrajo aproximadamente un 80 % debido a la hiperinflación.
Recuérdese que el per cápita es el PIB que resulta de dividirlo entre su población, representando el valor promedio de bienes y servicios producidos por cada habitante y sirviendo como indicador de la riqueza, productividad y nivel de vida promedio de un país, aunque no mide la desigualdad ni el bienestar social en su totalidad.
Ahora bien, ¿qué es lo recomendable con respecto al aumento de sueldos y salarios? Debemos comenzar por mentalmente dejar atrás todas esas dañinas mezcolanzas del supuesto “progresismo” de la izquierda que propugna el control estatal, el Estado metomentodo, y abogar por la libertad económica y la autorregulación del mercado para fijar mediante acuerdos tripartitos (empresas privadas, trabajadores y el Gobierno nacional) la retribución económica por el trabajo: un salario justo que refleje la productividad, el cese de los bonos no salariales y la eliminación de controles para mejorar los ingresos de forma sostenible.
Más puntualmente, debemos propiciar el libre mercado: la libre competencia y la autorregulación del mercado en una economía donde se respete e impulse la competencia, en aras de un crecimiento constante en los niveles de productividad, eficiencia y calidad de los bienes y servicios transados.
Este modelo supone el respeto irrestricto a la propiedad privada para incentivar todo tipo de iniciativas empresariales, así como la apertura de Venezuela a los mercados globales, lo cual generará salarios mínimos reales que cubran necesidades básicas, aumentando así los ingresos de los trabajadores.
Es necesario centrarnos en el crecimiento de las oportunidades para todos los venezolanos sin marginar a nadie, lo cual debe ser impulsado por el incremento de la inversión pública y privada, la mejora de los servicios públicos básicos y un mayor número de puestos de trabajo formales con salarios decentes.
Téngase en cuenta que la rigidez del mercado laboral imperante desde hace 20 años, con elevadas contribuciones fiscales y parafiscales a la nómina y cuantiosas “protecciones” legales para los trabajadores –que en realidad no los han protegido, sino que vienen limitando la creación de empleos formales– debe ser racionalizada mientras se libera el poder del mercado para producir empleos de calidad en un ambiente de mayor flexibilidad.
Las actuales rigideces de la legislación laboral y los elevados impuestos a la nómina han condenado a los trabajadores a bajos salarios (como el actual de $1,75 mensual) y han dificultado la creación y consecución de empleos formales bien remunerados. Además, mantiene a muchas empresas en la informalidad para evitar todas las cargas laborales que deben soportar las empresas formales. Está más que comprobado mundialmente que las economías más competitivas y desarrolladas permiten mayor flexibilidad de contratación con menores cargas laborales y menos trabas para la rotación de personal.
Como resultado de esas reformas, los salarios subirán, los empleos formales se multiplicarán y las empresas informales tendrán los incentivos para formalizarse y hacer disfrutar a sus empleados de los beneficios pensionales. Para apoyar a los trabajadores en la transición, se debe crear un seguro de desempleo al cual podrán acceder todos los trabajadores.
Seguir insistiendo en lo contrario, además de un sinsentido, no es más que una delirante utopía que nos ha hambreado y desnutrido a razón de 82 venezolanos de cada 100 –según un estudio de la ONU a principios de 2024–, pues si se sigue decretando o sentenciando judicialmente el aumento del salario mínimo nacional, enseguida repercutirá con creces, entre otros, en el costo de los alimentos, por lo cual, por ejemplo, el costo de 1 kilo de harina de maíz blanco o amarillo precocido, actualmente entre $1,50 y $1,80, pasará a costar entre $3 y $4, y así sucesivamente con todos los alimentos. Siendo eso irrefutablemente así.
¿De qué valdría entonces un aumento de sueldos y salarios en las actuales condiciones macroeconómicas? En más y mayor pobreza, sin dudas. Parafraseando al Libertador en su célebre discurso ante la Sociedad Patriótica: es acaso que 26 años de errores ¿no bastan?
Leer también: Régimen de faltas presidenciales y la doctrina de la Sala Constitucional
