La mesa de diálogo instalada en Caracas entre el gobierno interino y un sector de la oposición representa un nuevo intento por buscar salidas pacíficas a la crisis venezolana. Después de una primera ronda de conversaciones, se anunciaron acuerdos sobre la atención a las víctimas de los sismos de junio y el inicio de un proceso de reforma del sistema de justicia, incluyendo la renovación de los magistrados del tribunal supremo. También se habló de un calendario orientado a la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral y a futuras elecciones.
Estos pasos merecen ser reconocidos. Por primera vez en bastante tiempo, se logran compromisos concretos en un corto período, y el respaldo de Estados Unidos genera expectativas de que los acuerdos puedan tener mayor seguimiento. Sin embargo, es importante mantener una mirada realista. Un diálogo que no incluye a todas las fuerzas opositoras relevantes nace con limitaciones de representatividad, y la historia reciente de Venezuela nos enseña que los comunicados, por sí solos, no siempre se traducen en mejoras para la gente.
Desde Yaracuy, la preocupación y la incertidumbre son comprensibles. Mientras se discuten estos temas en la capital, la cotidianidad en nuestras comunidades sigue marcada por la precariedad y por una profunda opacidad en la gestión de la gobernación y las alcaldías del estado.
La crisis no se limita a las fallas prolongadas de electricidad, los problemas en el suministro de agua o el deficiente servicio de recolección de desechos. Tampoco se reduce al desplome de la producción agrícola —donde del antiguo eje maicero que alguna vez alcanzó 24 mil hectáreas hoy apenas se cultiva una pequeña fracción— ni a la paralización de los centrales azucareros y la situación precaria en la que se encuentran cientos de trabajadores de empresas como Mocarpel.
La emergencia social en nuestra entidad se evidencia con mayor crudeza en la infraestructura pública en abandono. El área de la salud enfrenta una situación crítica, teniendo como caso insostenible al Hospital Central de San Felipe, el cual se inunda en múltiples departamentos cada vez que llueve, manteniendo quirófanos fuera de servicio y el Centro de Especialidades Médicas a puertas cerradas.
El ámbito deportivo y cultural refleja la misma desidia: la Ciudad Deportiva se encuentra sumida en el olvido, con sus gimnasios cubiertos anegados y las canchas seriamente deterioradas, mientras obras de gran envergadura como la Ciudad Judicial y el Museo del Barro permanecen inconclusas.
A este panorama regional se suma una preocupante falta de transparencia en el ámbito municipal. Un ejemplo de ello es lo ocurrido en el municipio Peña con el Mercado Municipal, un problema de alto impacto social sobre el cual, a estas alturas, la población no ha recibido ninguna información oficial ni respuestas claras por parte de las autoridades.
Estos problemas no son ajenos al proceso nacional; son la consecuencia directa de instituciones que no rinden cuentas a sus ciudadanos. Por eso, cualquier avance institucional o humanitario que se debata en Caracas debe tener un impacto real e inmediato en las regiones.
Desde una posición independiente, consideramos fundamental que el diálogo no se quede encerrado en la capital.Es urgente impulsar espacios regionales de seguimiento y contraloría, donde participen de forma activa los productores, trabajadores, sectores de la salud y comunidades organizadas.
Asimismo, resulta imperativo que los recursos que eventualmente se recuperen en el exterior se manejen con total transparencia, y que las reformas judiciales y electorales se fundamenten en criterios técnicos, inclusión y verdaderas garantías. Solo rompiendo el centralismo y enfrentando la opacidad local se podrá garantizar que el diálogo se traduzca en respuestas efectivas para las necesidades urgentes de la gente en Yaracuy.
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