La historia contemporánea de Venezuela ha llegado a una encrucijada donde el lenguaje de la confrontación está siendo desafiado por una tríada conceptual: amnistía, transición y perdón. Tras décadas de polarización extrema, el país se encuentra en febrero de 2026 debatiendo no solo la alternancia en el poder, sino la arquitectura legal y moral que permitirá la convivencia futura.
La amnistía como herramienta de despresurización no es un concepto nuevo en Venezuela, pero su aplicación actual, bajo el impulso de figuras como la presidenta interina Delcy Rodríguez y el parlamento, busca ser un punto de inflexión. A diferencia de los intentos de 2016 o 2019, la propuesta de 2026 intenta abarcar un espectro de 27 años de conflicto.
Finalidad legal: su objetivo principal es la extinción de la responsabilidad penal para presos políticos, exiliados y perseguidos. Se busca «limpiar» el tablero judicial para que los actores políticos puedan participar en una eventual contienda electoral sin el peso de inhabilitaciones o persecuciones.
El límite ético: el gran debate reside en qué es «amnistiable». Según los estándares internacionales y el artículo 29 de la Constitución venezolana, las violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistía. Este es el punto de fricción con la Corte Penal Internacional (CPI), que mantiene investigaciones abiertas sobre lo ocurrido desde 2017.
La transición: un proceso inédito y frágil. Venezuela no atraviesa una transición lineal. Se trata de un proceso híbrido donde el antiguo oficialismo mantiene cuotas de control mientras se abre a reformas estructurales (como la apertura petrolera o la desestatización).
El rol de la presión internacional: la transición actual está marcada por un pragmatismo forzado por sanciones y el aislamiento económico. La búsqueda de una «salida institucional» parece estar primando sobre el colapso total.
Arquitectura democrática: para que la transición sea real, la amnistía debe ir acompañada de la restitución del Estado de derecho. No basta con liberar presos; se requiere la independencia del poder judicial y la garantía de que el sistema de «puerta giratoria» (excarcelar a unos para detener a otros) termine definitivamente.
El perdón entre la política y la justicia: el perdón es quizás el elemento más complejo, pues transita del ámbito jurídico al moral y social. En las recientes sesiones de la Asamblea Nacional, líderes políticos han comenzado a usar palabras como «sanación» y «perdón».
Perdón no es olvido: en el contexto de la justicia transicional, el perdón no implica impunidad. Para que una sociedad sane, el perdón debe basarse en la verdad. La creación de una comisión de la verdad que escuche a las víctimas de todos los bandos es una deuda pendiente para que el perdón sea un acto de reconciliación nacional y no un simple pacto de élites.
La reconciliación social: mientras la amnistía ocurre en los tribunales, el perdón ocurre en las calles. La sociedad venezolana necesita mecanismos para reconocer el dolor del otro, un paso indispensable para que la transición no sea solo un cambio de gobierno, sino un cambio de paradigma social.
La amnistía es el mecanismo legal, la transición es el marco político y el perdón es el sustento ético. Para que Venezuela logre superar su crisis histórica, estos tres elementos deben alinearse de forma que la justicia no sea sacrificada en el altar de la paz, ni la paz en el de la justicia. El éxito de este proceso dependerá de que la ley de amnistía sea amplia y plural, y de que el perdón sea el resultado de un reconocimiento honesto de los errores del pasado. Hasta otro «Con Hidalguía».
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