Amnistía Internacional ha señalado que acción militar llevada a cabo este 3 de enero por la Administración Trump en Venezuela, que resultó en la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, «genera graves preocupaciones sobre los derechos humanos de la población venezolana. Muy probablemente constituye una violación del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU, al igual que la intención declarada de Estados Unidos de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros».
La organización dijo estar particularmente preocupada por el riesgo de una mayor escalada de violaciones de derechos humanos en el país, ya sea como resultado de nuevas operaciones estadounidenses o de las respuestas del Gobierno venezolano a los ataques de Estados Unidos.
Instan al Gobierno estadounidense a cumplir con el derecho internacional humanitario y de derechos humanos, priorizar la protección de la población civil y garantizar los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad, incluido el debido proceso y un trato humano.
También hace un llamado a las autoridades venezolanas para que se abstengan de más represión en contra de la población, recordándoles que están obligadas por el derecho internacional a respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas en Venezuela.
Amnistía Internacional está alarmada porque el ataque contra Venezuela es realizado por uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas profundiza aún más el colapso del derecho internacional y del orden global basado en normas. Estas acciones dan señales de un sistema internacional regido por la fuerza militar, las amenazas y la intimidación, y aumentan el riesgo de acciones de imitación por parte de otros actores.
No dejó de mencionar en su insistencia desde hace mucho tiempo de que el Gobierno de Maduro sea investigado por las acusaciones de delitos de lesa humanidad y, cuando existan pruebas suficientes, las personas responsables sean procesadas ante un tribunal independiente e imparcial, a fin de garantizar justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas y sobrevivientes.
