El ministerio público de España dictó este viernes 23 de enero un decreto, en el que concluye que no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia pueda investigar la denuncia que presentaron dos ex empleadas contra Julio Iglesias por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.
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Unión Radio reseña, que según explica la Fiscalía, la Ley Orgánica del Poder Judicial española exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una «conexión material con España», por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.
Sin embargo, en este caso, precisa el decreto, las víctimas son extranjeras, no residen en España, «los hechos se atribuyen a países plenamente competentes», y los denunciados -Julio Iglesias y otras dos personas- no residen en España y además tienen nacionalidades distintas (español, colombiana y brasileña).
Es importante recordar que los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.
Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, representadas por la organización Women’s Link, y señalaron que lo hacían para que otras lo denuncien y no vuelvan a sufrir abusos de este tipo.
