La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario dueño del 50 por ciento de la franquicia Miss Universo, como parte de una investigación federal por presunta participación en una red dedicada al tráfico de hidrocarburos, armas y operaciones vinculadas al crimen organizado, así lo publicó el diario El Imparcial.
La medida ocurre mientras la Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación iniciada en 2024, derivada de una denuncia anónima presentada el 29 de noviembre de ese año, que señala la operación de un grupo delictivo con actividades en varios estados.
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El pasado 26 de noviembre, la Fiscalía informó que la indagatoria en contra del empresario seguía en curso. Ese mismo día, Rocha Cantú se acogió al criterio de oportunidad ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, lo que le permitió convertirse en testigo colaborador, después de que un juez federal libró órdenes de aprehensión contra él y otras 12 personas.
De acuerdo con la orden judicial —de la cual La Jornada posee copia— Rocha Cantú es señalado como presunto responsable de delitos en materia de hidrocarburos, tráfico de armas y delincuencia organizada. El documento precisa que el beneficio de testigo colaborador le fue otorgado el 28 de noviembre.
El origen de la investigación
La carpeta de investigación explica que el caso se abrió a partir de una denuncia anónima remitida a la FGR mediante el oficio FGR/FEMDO/VUA/2447/2024. La denuncia describe la operación de una organización criminal y los vínculos de varios de sus integrantes con actividades de tráfico de armas, compraventa ilegal, lavado de dinero y huachicol (combustible obtenido y distribuido de forma ilegal en México).
El escrito señala que “la denuncia de ese hecho delictivo perseguible de oficio” permitió iniciar la integración de la carpeta y vincular a diversas personas con la estructura delictiva.
La orden de aprehensión menciona que, además del empresario, existen otros presuntos integrantes identificados como Kevin, Jacobo Reyes León, Jorge Alberts Ponce, Alejandro, Íker y Daniel Roldán. Según el expediente, todos ellos formarían parte de un grupo que opera en actividades de:
- Tráfico y compraventa de armas.
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Delitos relacionados con hidrocarburos.
- Lavado de dinero a través de empresas de seguridad.
