
El «toma y dame» jurídico sigue estando presente en EE UU con el tema del parole humanitario, aumentando la incertidumbre entre miles de migrantes, muchos de ellos venezolanos. Y es que a pocas horas de que se conociera que una jueza federal del Distrito de Massachusetts había ordenado al gobierno de Trump la reanudación del procesamiento de las solicitudes de migrantes de parole, sale a la luz una decisión de la Corte Suprema que permite al Ejecutivo acabar con el programa humanitario.
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La Corte respondió así a la solicitud de urgencia realizada por la Administración Trump y deja a los beneficiarios sin protección ante las deportaciones, estamos hablando de más de 500.000 migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.
Las dos juezas progresistas, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, se pronunciaron en contra, advirtiendo que la mayoría no había tenido en consideración “las devastadoras consecuencias” que tendrá en la vida del medio millón de personas que residían legalmente en el país.
Es la segunda vez este mes que el alto tribunal se pone del Trump en sus intentos por revocar el estatus legal temporal de los inmigrantes. Antes de la decisión de este viernes, la Corte Suprema despejó el camino para que el Gobierno revoque otro programa temporal que proporcionaba permisos de trabajo a cientos de miles de venezolanos.
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Aunque la decisión de la Corte Suprema no es definitiva, ya que el caso legal subyacente continuará en tribunales inferiores, la orden permitirá al Gobierno acelerar las deportaciones de quienes se beneficiaban hasta ahora de ese programa.
El parole humanitario fue un programa ideado por la Administración Biden para reducir el número de entradas ilegales y acoger a los migrantes que huyen de países en situaciones críticas. Los beneficiarios debían contar con un patrocinador en Estados Unidos para ingresar.