
La directiva del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Preovea) emitió este miércoles 28 de mayo un comunicado en el que rechazan las acusaciones del ministro de Interior, Justicia y Paz Diosdado Cabello, quien señaló a esta ONG y a otras organizaciones de derechos humanos de formar parte de un supuesto plan “terrorista”.
En su cuenta en la red social X, la organización no gubernamental calificó las declaraciones de Cabello como “un intento de criminalizar y desacreditar el trabajo de defensa de derechos humanos que se realiza en Venezuela, así como el acompañamiento a las víctimas en el país”.
Leer también: Diosdado Cabello señaló que la explosión en la estación eléctrica de Yaracuy fue “un acto de despecho” causado por terroristas
En el comunicado, la organización alertó sobre un contexto de “creciente detenciones, hostigamiento, amenazas a la libertad de expresión y restricciones al derecho de asociación y reunión pacífica.
En el pronunciamiento mencionaron el caso del abogado yaracuyano Eduardo Torres, miembro de Provea, quien fue detenido el pasado 9 de mayo en Caraca, y. actualmente se encuentra en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, sin acceso a sus familiares ni a abogados de confianza.
Destacaron que Torres se suma a la lista de defensores de derechos humanos encarcelados en Venezuela, como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, también acusados por presuntos vínculos con conspiraciones.
Provea recordó que sus integrantes, incluyendo a Eduardo Torres, son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las constantes amenazas por parte de altos funcionarios del Estado venezolano.
Entre 2020 y 2024, la CIDH determinó que los defensores de Provea se encuentran en una situación de alto riesgo por sus labores en el país.
La ONG reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Venezuela, asegurando que ninguna amenaza o persecución los apartará de su labor de acompañamiento a las víctimas, documentación de abusos y exigencia de justicia.