Siguen privados de libertad los 22 hombres y una mujer que fueron detenidos en mayo de 2022 durante la llamada “Operación Trueno”, la cual hicieron en Yaracuy funcionarios de la PNB destacados en diferentes estados del país con la finalidad de acabar con bandas organizadas en Venezuela.
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Los 23 presos fueron trasladados el mismo mes a la ciudad de Caracas, en donde en un primer momento recluyeron a los hombres en la sede de la PNB Boleíta Norte y a la mujer en la División de Investigación Penal (DIP) El Valle, lugar en el que todavía permanece.
Luego distribuyeron a algunos hombres en los centros penitenciarios Yare I y II, así como El Rodeo I y II, ubicados en el estado Miranda.
De todo este movimiento han transcurrido tres años, y los familiares aseguran que hay retardo procesal, pues desde hace año y medio esperan la continuidad de la audiencia de juicio, etapa que fue interrumpida en el 2024 porque hubo cambio de juez y todavía el proceso no lo han retomado.
La desesperación se ha apoderado de madres, esposas y hermanos de estos 23 detenidos, motivo por el que han decidido alzar la voz pacíficamente para ser escuchados por autoridades de los órganos de justicia, “los detenidos no son delincuentes, son personas trabajadoras e inocentes”, dijo el grupo de parientes que acudió a la sede de Yaracuy al Día.
Detallaron que en Caracas han acudido a la Defensa Pública y también a la Asamblea Nacional, en donde solicitaron un derecho de palabra hace aproximadamente tres meses y aún no reciben respuesta para exponer su situación. Este miércoles fueron atendidos en la Defensoría del Pueblo en Yaracuy, donde fueron orientados.
Tienen problemas de salud
Familiares de los privados de libertad dijeron que algunos están enfermos con tuberculosis, desnutridos y con problema cognitivo, entre otros. “No es justo que hayan dañado la vida de personas que no hicieron nada, algunos salían de sus sitios de trabajo cuando fueron detenidos”, expresaron las personas.
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Los detenidos son residentes de nueve municipios del estado Yaracuy: Peña, Páez, Urachiche, Arístides Bastidas, La Trinidad, Nirgua, Veroes, Independencia y San Felipe. “Entre ellos hay jóvenes barberos, comerciantes y hasta un obrero que laboraba para Yaracuy Bonito; también un hombre en situación de calle que pernoctaba cerca del Paseo Guayabal, en Independencia”, manifestaron los denunciantes.
A todos les imputan los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones y porte ilícito de arma de fuego, y a uno de los detenidos le suman tráfico de sustancia estupefaciente. El caso está a la orden de un tribunal contra terrorismo en Caracas y la Fiscalía N° 54 nacional.
Hasta donde se detuvo el proceso judicial, no hay evidencias contundentes que incriminen a nuestros familiares. Queremos justicia y ser escuchados”, manifestaron.
El grupo de parientes pide la libertad de sus familiares y que cumplan con el debido proceso
