Una promesa sin cumplir. El 23 de noviembre de 2023 fue desalojado el Internado Judicial de San Felipe, conocido como “La Cuarta”, de donde sacaron a más de 500 privados de libertad que fueron trasladados a recintos carcelarios de otros estados. La intención era acabar con el pranato y reestructurar el espacio para que comenzara a funcionar el nuevo régimen penitenciario.
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Ha pasado un año y cinco meses, tiempo en el que no se ha observado que los espacios de la cárcel estén siendo remodelados o trabajando para que comiencen a funcionar. Autoridades regionales consultadas en reiteradas oportunidades han indicado desconocer el avance del proyecto, porque el mismo es de competencia nacional.
Mientras esto ocurre, los privados de libertad de la región permanecen hacinados en los diversos centros de detención preventiva de los organismos de seguridad. Cuando son condenados la orden del tribunal es que los años de cárcel estipulados tienen que pasarlos en un recinto ubicado fuera de Yaracuy.
La razón de dicha decisión se debe a que en la región todavía no hay una cárcel, y esto sigue siendo un problema para familiares de los privados de libertad, ya que, además del dolor que atraviesan por tener a su pariente tras las rejas, tienen que sumar un gasto enorme a nivel económico por el pago de pasaje que hacen semanal para trasladarse a otro estado para visitar al hijo, esposo o hermano, por ejemplo.
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Los parientes de algunos reclusos de la Comandancia General de la Policía, en San Felipe, que esperan por el traslado de sus familiares, están preocupados, debido a que piensan en el gasto que deben asumir cuando les toque hacerles las visitas.
“No es pasaje solamente, también es comprarles alimentos para el día de la visita, artículos de higiene personal y todo lo que ellos requieran. Es una situación difícil”, indicaron algunos familiares de manera confidencial.
Erradicar el pranato
Vale señalar que en el Internado Judicial de San Felipe, así como en la mayoría de las cárceles, había un grupo de hombres que integraba el pranato, es decir, los que tienen el control sobre el resto de los privados de libertad, en cuanto a las reglas internas y esto, en varias oportunidades, se salió de control lo que, presuntamente, obligó a las autoridades del Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios erradicar el grupo criminal.
Junto a “La Cuarta” hubo otros recintos en otros estados del país que fueron desalojados con la misma intención, algunos de esos penales ya fueron retomados y Yaracuy continúa a la espera, tiempo que ha sido considerado como suficiente por familiares de los presos, por lo que exigen la reactivación de “La Cuarta” lo antes posible.
