El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó este viernes #28Mar a la Corte Suprema que intervenga en la tensa batalla legal sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, la cual fue utilizada en tiempos de guerra para deportar rápidamente a presuntos miembros de una pandilla venezolana.
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La apelación de emergencia, que solicita a los jueces que revoquen una orden del juez federal de distrito James Boasberg que bloquea nuevas deportaciones bajo dicha ley, mete aún más a la Corte Suprema en el torbellino de Trump.
“Este caso plantea interrogantes fundamentales sobre quién decide cómo llevar a cabo operaciones sensibles de seguridad nacional en este país: el presidente, a través del Artículo II, o el poder judicial”, declaró la Procuradora General Interina Sarah Harris ante la Corte Suprema. “La Constitución ofrece una respuesta clara: el presidente. La república no puede permitirse otra opción”.
Al igual que otras apelaciones recientes, el argumento del Gobierno de Trump se basó en fuertes quejas sobre tribunales inferiores que le ponen obstaculos, emitiendo órdenes temporales que, si bien no resuelven las impugnaciones sobre el poder del presidente, al menos han suspendido temporalmente parte de su agenda.
