Desde la plaza Trinidad Figueira de San Felipe miembros de la Coalición Sindical Magisterial se pronunciaron debido a la situación laboral y socioeconómica que están atravesando.
El vocero fue Armando Barreto, coordinador de la Coalición Sindical del Magisterio, quien apuntó que están convocando para el 18 de marzo a una jornada regional de protesta en la que harán público el descontento y para recordar que el 18 de marzo del 2022 fue el último aumento que fue de 7 a 130 bolívares.
Barreto dijo que están evaluando si solicitarán una reunión con el gobernador encargado a quien le pedirán respeto a los derechos como sindicatos porque están siendo perseguidos y vigilados por organismos de seguridad como si fueran unos delincuentes.
Señaló que exigen al Gobierno nacional a revisar la situación de los salarios, exigen un aumento general de sueldos y salarios.
«Sueldos que tienen que ver con el tabulador y las condiciones mínimas en que cada docente ejerza sus funciones y salario que respecta a todo lo que corresponde a las condiciones de vida como; HCM, seguridad social, seguro funerario, medicina, atención primaria de salud, que hoy está totalmente deteriorada», dijo.
Barreto detalló que los docentes en el país y en Yaracuy tienen un salario de 2 dólares y no incluyen el bono compensatorio como salario porque no lo es.
Indicó que no es que los docentes no quieren cumplir con la jornada de 8 horas diarias y que no quieren trabajar los cinco días, es que no pueden porque no les alcanza ni para el pasaje, ya que a diario deben tener 40 bolívares y mensual 800 bolívares.
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Afirmó que hay docentes jubilados que están en condiciones de mengua y que, incluso, la bolsa de comida que daba el Gobierno regional dejaron de entregarla, por lo que considera que no hay condiciones mínimas.
Considera que el aumento sea conforme a lo que establece el artículo 91 de la Constitución Bolivariana y que las demás condiciones sean revisadas con la discusión del Contrato Colectivo que ya va para cinco años vencidos.
Libertad para los educadores presos
También exigieron la libertad de los educadores presos, en el caso de la docente Carmen Salazar quien fue detenida el 9 de enero en su casa en Chivacoa acusada de terrorismo, así como de la profesora Dignora Hernández, de Guama, y de los jóvenes estudiantes Carlos Aponte y Germán Antillano de Yaritagua. «No podemos ser indiferentes ante esta situación», acotó.
Barreto estuvo acompañado de representantes de la Asociación de Educadores Jubilados, presidida por Sira Pastora de López y todos los gremios.
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