Las víctimas de violaciones a DDHH en el país, cuyo testimonio ha sido considerado para la investigación denominada «Venezuela I» en la Corte Penal Internacional (CPI), piden al fiscal de esa instancia, Karim Khan, que acelere el proceso para que pueda emitirse una orden de captura contra Nicolás Maduro tal y como sucedió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de lesa humanidad en el conflicto con Hamás en Gaza, trabajo publicado por Tal Cual.
El periodista Joshua Goodman, de Associated Press, publicó parte de un informe de la CPI sobre el punto de vista de las víctimas donde se indica que varios de ellos han manifestado un «profundo sentimiento de frustración» porque perciben que desde esa instancia internacional, específicamente por parte del fiscal Khan, se le está dando prioridad a otros casos donde se ven avances significativos y que el caso venezolano estaría siendo tratado con «menos urgencia».
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Más allá, dice el texto, las víctimas han dicho en varias ocasiones que Khan continúa haciendo énfasis en perseguir una «complementariedad positiva», a pesar de la determinación de la Sala de Apelaciones de afirmar que el Estado venezolano actualmente no está llevando a cabo investigaciones profundas o procesos judiciales.
El texto, de acuerdo con Goodman, tiene que ver con un proceso que se lleva a cabo en la CPI sobre un posible conflicto de intereses para Karim Khan, ya que su cuñada es una de las abogadas defensoras de la administración de Nicolás Maduro.
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En septiembre, The Washington Post publicó una investigación en la que se reveló que una abogada del mandatario Nicolás Maduro es cuñada del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan. Se trata de Venkateswari Alagendra, quien ha defendido al mandatario venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad en instancias internacionales.
Alagendra forma parte del equipo legal que, incluso, ha participado en la defensa de Maduro en procesos que tiene ante la CPI. Esta decisión habría generado reclamos dentro del ente y, pese a la relación entre el fiscal y la abogada, Khan se ha opuesto a las apelaciones legales presentadas.
La CPI ha investigado la situación de Venezuela desde 2018. Comenzó en febrero, con la apertura de un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en las protestas de abril de 2017. En diciembre de 2019, se añadieron los casos de las manifestaciones de 2014 y especificó que su revisión del examen preliminar terminaría en 2020.
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