La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentó este martes #17sept su último informe actualizado sobre la situación en Venezuela, en el que advirtió que la administración de Nicolás Maduro intensificó sus acciones represivas contra todo lo que sea contrario a sus decisiones y acciones, lo que sume al país en una de las crisis más graves de derechos humanos de la historia reciente, publicó Tal Cual.
El informe de esta misión señala que estas violaciones y crímenes que se documentaron, junto a la comisión de delitos de lesa humanidad de persecución política, son parte «de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición».
«Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos», afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Denunció además que fue alcanzado un nuevo hito en el último periodo a evaluar (septiembre 2023 a septiembre de 2024) no solo en detenciones sino en el deterioro del Estado de derecho, debido a que los poderes públicos en el país ya no aparentan independencia.
En julio de 2024, fueron documentados más de 120 arrestos durante eventos de campaña de la oposición bajo el argumento de conspiración, al igual que fueron emitidas órdenes de captura contra otras personas; mientras que en la primera semana de protestas poselectorales se conoció por las mismas autoridades que habían más de 2.000 detenciones, entre ellos menores de edad y personas con discapacidad, que fueron acusadas de presunto terrorismo e incitación al odio.
«Estas detenciones implicaron y fueron seguidas por graves violaciones del debido proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país. Los procedimientos penales iniciados contra los detenidos violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso», indica el informe.
Más información en nuestra edición impresa del #18sept.
