La Plataforma Unitaria Democrática emitió un comunicado la tarde de este sábado #10agosto en respuesta al pronunciamienton del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el proceso que lleva a cabo para «verificar» los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio.
La coalición de organizaciones políticas opositoras que apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia recalcó que la decisión de: «Conservar y resguardar los ejemplares o copias de las actas de escrutinio que recibieron los testigos en las mesas de votación es un derecho irrefutable para cada candidato, y con ello Edmundo González Urrutia ha probado su contundente triunfo en los comicios presidenciales», reseña Tal Cual.
Este sábado Carysla Rodríguez, presidenta del TSJ y de la Sala Electoral, afirmó que el abanderado de la PUD incurrió en desacato al no asistir a la citación del tribunal y no entregar el material electoral.
González Urrutia argumentó, por medio de una carta pública, que no comparecería a la Sala Electoral debido a que, de hacerlo, estaría en abosluta indefensión, además «el trámite adelantado por la Sala Electoral, tal como ha sido anunciado por los medios de comunicación, no se corresponde con ningún procedimiento legal contemplado en la Ley Orgánica del TSJ y otra ley sobre la jurisdicción electoral».
Asimismo, la PUD afirmó que el tribunal llama a «controlar jurisdiccionalmente las decisiones adoptadas por el CNE, previa interposición de los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico, pero nunca puede ser instrumentalizada para impedir que el CNE cumpla con etapas fundamentales del proceso electoral, ligadas a la auditabilidad de los resultados electorales».
Insisten en la auditoría
Asimismo, la calición advirtió que se trata de generar un “procedimiento” ante el TSJ para generar una vía para “certificar” resultados emitidos a partir de actas inexistentes y/o secretas, y sin desagregar resultados por mesa. Denunciaron que esta solicitud de entregar las actas buscaría quitar a los participantes de las copias de actas de escrutinio, las cuales son las «únicas pruebas que tienen y que garantizan la transparencia del proceso electoral».
La oposición democrática resaltó que, en un Estado de derecho, el Poder Judicial debe ser garante de los derechos de las personas frente al abuso de poder, y «no un mecanismo que se emplee a fin de menoscabarlos aún más».
En el comunicado indican que «la Sala Electoral del TSJ está llamada a controlar jurisdiccionalmente las decisiones adoptadas por el CNE, previa interposición de los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico, pero nunca puede ser instrumentalizada para impedir que el CNE cumpla con etapas fundamentales del proceso electoral, ligadas a la auditabilidad de los resultados electorales«.
La coalición insisten en exigir que se efectúe una totalización apoyada en actas a las que tuvieron acceso las partes que participaron en la contienda electoral del 28 de julio, «con base en los ejemplares que obtuvieron, de acuerdo con la ley, los testigos de organizaciones políticas postulantes«.
La plataforma opositora destacó la labor de los testigos de mesa «quienes a pesar de los obstáculos, pudieron recolectar las actas de votación en más de un 80%«.
La PUD reiteró que, 13 días después de las presidenciales, el CNE sigue sin emitir los resultados de las eleccionesde acuerdo a lo que establece la Constitución y la normativa legal venezolana. «La totalización y la consecuente proclamación del ganador en las elecciones presidenciales tienen que basarse en los resultados obtenidos en cada mesa de votación sustentados, a su vez, en actas de escrutinio que estén a disposición de los candidatos participantes (Artículo 120 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales)», subrayó la oposición.
