Venezuela no se reconstruye solo desde Miraflores ni desde las cúpulas partidistas de Caracas. Se reconstruye —o se condena a repetir sus peores vicios— desde sus estados, municipios y comunidades. La verdadera batalla de esta nueva etapa no es solo por el calendario electoral o por quién ocupa el sillón presidencial. Es por algo más profundo y más urgente: el despertar de las regiones contra el centralismo que las asfixió durante un cuarto de siglo.
Durante años, el PSUV perfeccionó un modelo de poder hipercentralizado que convirtió a los estados en meras oficinas de despacho de órdenes y a los municipios en dependencias burocráticas y partidistas. Mientras se hablaba de “poder popular”, se vaciaban de competencias reales a gobernaciones y alcaldías electas. Se crearon estructuras paralelas —comunas y consejos comunales— que, lejos de complementar, desplazaron y subordinaron a las autoridades territoriales legítimas. Los recursos se concentraron en Caracas, las decisiones se tomaron lejos de quienes sufrían los apagones, la falta de agua o el colapso de la vialidad, y cualquier intento de autonomía regional fue tratado como traición o “deslealtad revolucionaria”.
El resultado está a la vista: regiones empobrecidas, capacidades locales atrofiadas y un país que solo funciona —cuando funciona— desde el centro. Pero el centralismo no es monopolio del chavismo. Una parte importante de la dirigencia tradicional de los partidos de oposición también lo practica, aunque con otro lenguaje. Muchos de esos líderes, formados en la lógica caraqueña del poder nacional, miran con desconfianza —cuando no con abierta resistencia— cualquier propuesta seria de descentralización.
Prefieren seguir apostando a la conquista del centro como único camino al cambio. Hablan de democracia, de instituciones y de “nuevo país”, pero cuando se trata de transferir competencias reales, recursos y capacidad de decisión a los estados y municipios, se encogen. Algunos porque temen perder control partidista; otros porque nunca creyeron verdaderamente en un federalismo efectivo; y no pocos porque su imaginario político sigue anclado en el mismo esquema de poder vertical que criticaban cuando no lo ejercían. Esa resistencia silenciosa o disimulada es tan dañina como el centralismo explícito del PSUV: ambos niegan a las regiones el derecho a gobernarse y a desarrollarse según sus propias vocaciones.
La Constitución de 1999 define a Venezuela como un Estado federal descentralizado. Ese mandato nunca se cumplió de verdad. Hoy, en medio de una transición incompleta, urge relanzarlo con seriedad. La descentralización no es un tema técnico ni un capricho regionalista. Es la condición para que el Estado deje de ser un aparato lejano e ineficiente y se convierta en una red de gobiernos cercanos, responsables y capaces de responder a las necesidades concretas de cada territorio.
Tomemos un ejemplo concreto y poderoso: Yaracuy. Este estado del centro-occidente es, por geografía, historia y cultura, uno de los territorios con mayor potencial desaprovechado del país. Sus valles fértiles y montañas lo convierten en un verdadero “jardín de Venezuela”. Es potencia agrícola: produce caña de azúcar, café, cacao, cítricos y, de manera sobresaliente, aguacate (un solo municipio abastece entre el 75 y el 80 % de la demanda nacional). Sus tierras y microclimas permiten una agroindustria de alto valor agregado.
Pero Yaracuy es mucho más. Posee una de las joyas naturales y espirituales más singulares de Venezuela: el Monumento Natural Cerro María Lionza (Sorte), santuario de selva nublada donde el sincretismo religioso —raíces indígenas, africanas y católicas— se vive con una fuerza que atrae miles de peregrinos cada año de Venezuela y países vecinos.
El Baile en Candela, las Tres Potencias y el culto a la Reina María Lionza constituyen un patrimonio vivo de dimensión internacional. A esto se suman el Parque Nacional Yurubí, la Sierra de Aroa, el macizo de Nirgua, los vestigios coloniales de San Felipe El Fuerte y una gastronomía que ya empieza a perfilarse con rutas de café, cacao, aguacate y cocina afroveroense.
Hay, además, fortalezas históricas y artesanales que el centralismo ha mantenido en el olvido. Una de ellas es Las Minas de Aroa; yacimientos de cobre explotados desde 1632, fueron propiedad de la familia del Padre de la Patria. Simón Bolívar las heredó, las arrendó a compañías inglesas para financiar la independencia y las declaró, en su testamento, como su único bien restante. Hoy convertidas en parque y museo, representan un patrimonio histórico de valor incalculable que podría ser el eje de un turismo cultural de alto nivel.
En el municipio Arístides Bastidas, la cestería y el trabajo ancestral del barro —especialmente en comunidades como Camunare— conservan técnicas que datan de la época colonial. Allí se elaboran vasijas, ollas y piezas de alfarería que constituyen una tradición viva y un atractivo turístico de primer orden. Sin embargo, durante los gobiernos del PSUV esta riqueza artesanal e histórica ha sido sistemáticamente marginada: sin inversión sostenida, sin promoción seria y sin el apoyo necesario para convertirla en motor económico local.
Con autonomía real, recursos propios, alianzas con el sector privado y liderazgo regional fuerte, Yaracuy podría convertirse en un polo de desarrollo turístico y gastronómico de primer nivel en el centroccidental del país: agroecoturismo de calidad, turismo espiritual, histórico y cultural de alto valor, rutas gastronómicas y artesanales competitivas a escala internacional y una agroindustria moderna que genere empleo digno y fije población en el territorio. Hoy ese potencial se diluye porque las decisiones estratégicas, la inversión y la planificación siguen dependiendo en exceso del centro. El centralismo no solo ha empobrecido a Yaracuy: lo ha impedido brillar.
Un liderazgo regional interno fuerte —gobernadores, alcaldes, dirigentes cívicos y comunitarios con visión de país— es imprescindible. Pero ese liderazgo solo podrá consolidarse si se les devuelve poder real: competencias claras, recursos predecibles, autonomía fiscal relativa y capacidad de planificar su propio desarrollo. Sin eso, las “regiones” seguirán siendo escenarios de protesta y no de gobierno.
El despertar de las regiones no es secesionismo ni debilidad de la unidad nacional, es exactamente lo contrario: es la forma más inteligente y democrática de fortalecer al país. Es la única manera de que la reconstrucción no se quede en discursos de cúpulas y llegue, finalmente, a donde más se necesita: a la gente que vive, trabaja y sufre lejos del poder central. Yaracuy es solo un ejemplo. Hay muchos más esperando su turno.
El centralismo del PSUV devastó las capacidades territoriales. La inercia centralista de buena parte de la dirigencia opositora tradicional amenaza con perpetuarlas bajo otra bandera. Ha llegado la hora de que las regiones dejen de pedir permiso y empiecen a exigir —y a construir— el federalismo que la Constitución prometió y que el país necesita para no volver a caer en los mismos errores.
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