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jueves, octubre 15, 2026
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Negociaciones de la tercera etapa del diálogo se centrarán en la fijación de garantías políticas y la renovación del TSJ

Las delegaciones del Gobierno y representantes de la Asamblea Nacional de 2015 como estaba previsto instalan este miércoles 14 de octubre el tercer ciclo de diálogo político con el propósito de avanzar en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y en la fijación de garantías de participación para las organizaciones políticas.

El encuentro se desarrolla en un hotel de la capital venezolana, con acceso restringido, siguiendo el esquema de las dos rondas anteriores.

Fuentes consultadas indicaron que las conversaciones se prolongarán durante varios días, aunque todavía no se ha establecido su duración exacta.

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Hasta el momento, no han trascendido detalles específicos de los asuntos abordados durante la primera reunión. Sin embargo, el proceso incluye reformas institucionales relacionadas con la selección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la modificación del Consejo Nacional Electoral (CNE), dos asuntos señalados por el Departamento de Estado estadounidense como parte de los avances que deben acompañar las negociaciones.

Las delegaciones celebraron sus dos primeras rondas en agosto y septiembre, durante las cuales discutieron reformas del sistema de justicia, incluida la renovación completa del TSJ, institución cuestionada por sectores opositores por su presunta cercanía con el Gobierno venezolano.

Entre los logros tangibles que sirven de antesala a esta tercera ronda se encuentran el reinicio y  reestructuración del proceso de selección de los magistrados del TSJ. Y la que no fue expuesta entre los acuerdos, pero sí atribuida a las conversaciones, la excarcelación de casi un millar de presos políticos, de acuerdo con cifras ofrecidas por la administración de Donald Trump. 

Las mesas de trabajo también abarcaron el levantamiento de bloqueos a más de 70 portales de internet y dominios de medios digitales que se encontraban con “medidas administrativas” que los mantenían censurados, así como la instalación de comisiones orientadas a reformar y despenalizar los apartados de la llamada ley contra el odio.

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