Desde este miércoles 2 de septiembre, el gobierno de Bolívia dio la orden de intervenir la empresa petrolera estatal YPFB, todo esto, en medio de una grave crisis de abastecimiento de combustibles, según un decreto publicado en la gaceta oficial.
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Medios locales aseguran que el suministro de combustilbe se ha convertido en un tema de debate en el gobierno de Rodrigo Paz, quien entró al poder en noviembre de 2025 con la promesa de darle solución a la escasez de carburantes.
La semana pasada, una norma del Ejecutivo duplicó el precio del diésel hasta los 1,5 dólares por litro para evitar que se destine al contrabando, que el gobierno señala como causa del desabastecimiento actual.
La medida fue rechazada por campesinos que emprendieron bloqueos de carreteras en los departamentos de Beni (norte) y Santa Cruz (este), pese a que aún rige un estado de excepción que sirvió al gobierno para apagar la ola de protestas contra la crisis económica que paralizó el país entre mayo y junio.
El documento, fechado el martes, dispone la intervención «extraordinaria, transparente y temporal» de YPFB, con el objetivo de «proteger los intereses del Estado» y recuperar la «eficiencia de la gestión operativa y administrativa» de la compañía.
La intervención tiene un plazo de hasta 180 días y no implica la supresión de la empresa.
Eliminación de subsidios
Según establece el documento, se busca «obtener información fidedigna y suficiente para elaborar un análisis de la cadena logística de importación y distribución de carburantes, establecimiento de volúmenes para las estaciones de servicio y otras modalidades de venta».
La comisión de intervención será integrada por los ministros de Economía, Producción Sostenible, Hidrocarburos y Obras Públicas y por el viceministro de Transparencia, quienes recomendarán auditorías.
En diciembre, Paz eliminó los subsidios a los combustibles, una política emblemática de los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) que gatilló la peor crisis económica del país en cuatro décadas.
