El dirigente opositor de la Causa R Andrés Velásquez volvió a reclamar este lunes 31 de agosto la celebración de elecciones presidenciales y vinculó esta exigencia con el acuerdo petrolero anunciado el viernes por Venezuela y Estados Unidos, sobre el cual advirtió que persisten interrogantes respecto a la validez jurídica.
Velásquez considera que la recuperación de la institucionalidad venezolana es condición necesaria para garantizar que cualquier compromiso relacionado con los recursos naturales y activos del país tenga respaldo legal y se sostenga en el tiempo.“Para devolver al país legalidad, seguridad jurídica, Estado de derecho, institucionalidad; que hoy no existen”, manifestó.
El dirigente planteó sus críticas en redes sociales, donde también cuestionó la falta de información disponible sobre el convenio petrolero.
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Recordó que las decisiones relacionadas con la industria energética habían estado tradicionalmente acompañadas de un amplio debate público, algo que, señaló, no ocurre con el actual acuerdo. “Contrasta hoy día con el acuerdo que compromete 65.000 millones de barriles, donde pocos o nadie conoce de su contenido”, destacó.
Falta de legitimidad resta seguridad jurídica al acuerdo
El opositor sostuvo que los términos del pacto eventualmente serán conocidos y no descartó que Venezuela mantenga una relación petrolera con Estados Unidos. Sin embargo, indicó que el debate central debe estar en la legitimidad del Gobierno venezolano para comprometer los bienes nacionales.
“Lo más grave, y es lo que nos debería preocupar a nosotros y a la administración norteamericana, es que están firmando un acuerdo con un gobierno que no tiene legitimidad, que no tiene facultad alguna para enajenar o comprometer activos o bienes del país”, afirmó.
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Puso en duda que las posibles modificaciones al mecanismo utilizado para concretar el acuerdo puedan resolver el problema que identifica. “Ninguna vuelta que le den va a dar seguridad legal a esos compromisos. Ese es el punto”, expresó.
El dirigente considera que la falta de seguridad jurídica representa uno de los principales obstáculos para garantizar la sostenibilidad de los acuerdos relacionados con la industria petrolera venezolana. Por ello insistió en que el país necesita recuperar el Estado de derecho y la institucionalidad mediante un proceso electoral.
