El director del Foro Penal Alfredo Romero denunció este miércoles 29 de abril que diversos tribunales del país rechazan ya la aplicación de la ley de amnistía; destacó que esta postura judicial surgió inmediatamente después de que Delcy Rodríguez sugiriera el fin de dicha normativa, lo cual, a su juicio, evidencia una subordinación absoluta del Poder Judicial ante el Ejecutivo y rompe cualquier rastro de independencia de poderes.
El especialista en derechos humanos aclaró que, desde una perspectiva técnica, el Ejecutivo carece de facultades para anular leyes de forma unilateral si no posee una ley habilitante, así como que no tiene fecha de caducidad y cualquier reforma o anulación estructural queda en manos exclusivas del Poder Legislativo o de la Sala Constitucional.
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El abogado señaló que, al dar estas órdenes, la Presidenta encargada actúa como si tuviera el control total de los tribunales venezolanos. «La decisión de frenar este beneficio legal afecta directamente a una lista de más de 400 prisioneros políticos, entre los que figuran numerosos efectivos militares», destacó Romero.
No obstante, el Foro Penal alertó que esta cifra crecerá tras la inclusión de nuevos expedientes en una categoría denominada «presos de poder». Detalló que este grupo lo integran ciudadanos detenidos por venganzas personales de funcionarios o por casos mediáticos, como la trama PDVSA-Cripto, que aún no se contabilizaban formalmente en los registros de la organización.
Para finaizar, Romero sostuvo que hablar de una verdadera transición o pacificación nacional resulta imposible mientras no se establezca un sistema de justicia autónomo y confiable.
