El juez federal de Nueva York Alvin Hellerstein decidió este lunes 27 de abril que el proceso judicial en Estados Unidos contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores podrá continuar luego de que fueran modificadas las licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), organismo dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense.
La determinación del magistrado representa un giro importante dentro del caso, ya que uno de los principales argumentos de la defensa se centraba en las limitaciones financieras impuestas por las sanciones estadounidenses, las cuales —según los abogados de Maduro y Flores— impedían utilizar fondos venezolanos para cubrir los costos legales y garantizar una defensa adecuada.
Durante audiencias previas celebradas en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, Hellerstein había manifestado preocupación por las implicaciones constitucionales del caso, especialmente en relación con el derecho de los acusados a contar con representación jurídica efectiva.
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El juez incluso había solicitado explicaciones al Gobierno de Estados Unidos sobre cómo se compatibilizaban las sanciones con las garantías procesales reconocidas por la ley estadounidense.
Tras las recientes modificaciones introducidas por la Ofac, el tribunal consideró que las nuevas condiciones permiten avanzar con el proceso. Las licencias ajustadas abrirían la posibilidad de que determinados recursos puedan ser utilizados para sufragar honorarios legales, siempre bajo supervisión y cumplimiento de los parámetros establecidos por las autoridades financieras norteamericanas.
La decisión judicial elimina, al menos de forma parcial, uno de los obstáculos que mantenían en pausa el avance del expediente. Con ello, la causa entra ahora en una nueva etapa, en la que se prevé la programación de nuevas audiencias para definir el calendario procesal, presentación de argumentos y posibles mociones de las partes involucradas.
El caso contra Maduro y Flores ha generado alta atención política y jurídica tanto en Estados Unidos como en Venezuela, debido al perfil de los acusados y al contexto diplomático entre ambos países. La evolución del expediente también coincide con recientes cambios en la relación bilateral entre Washington y Caracas, marcada por contactos oficiales y ajustes en algunas políticas de sanciones.
