La Asamblea Nacional aprobó este jueves 5 de febrero por unanimidad la primera discusión del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que presentó la presidenta Delcy Rodríguez, y que entre muchos puntos incluye la revocación de inhabilitaciones políticas. Esta sería la segunda amnistía en la era del chavismo; la primera fue aprobada por el fallecido presidente Hugo Chávez en 2007.
El diputado Jorge Arreaza presentó el proyecto de ley, que consta de 13 artículos, los cinco primeros definen el objeto, las finalidades y los principios de aplicación e interpretación de la ley, mientras que los artículos restantes desarrollan los hechos sujetos a amnistía, así como los efectos y procedimientos para su implementación, reza el documento.
Destacan que la ley tiene como objetivo principal otorgar libertad plena y el cese de causas judiciales a personas detenidas o procesadas por motivos políticos. Asimismo, la amnistía incluye a los acusados por “traición a la patria”, “terrorismo” e “instigación al odio”, es decir, los delitos que fueron imputados a los presos por razones políticas. Va también desde la sublevación hasta los castigos por un mensaje en redes sociales o servicio de mensajería.
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“Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación”, dice la exposición de motivos. La ley excluirá de sus beneficios delitos como las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas.
La exclusión en todo caso responde -según el texto- a un “estricto acatamiento” del artículo 29 de la Constitución y de los compromisos internacionales del Estado venezolano, que ya prohíbe incluir este tipo de delitos en cualquier tipo de indulto o amnistía.
En cuanto a la revocación de inhabilitaciones políticas, “Quedarán sin efecto aquellas inhabilitaciones de funcionarios públicos por hechos ocurridos entre 1999 al 2026, cuando se establezca que no se cometió un hecho de corrupción o por inexactitudes que hayan sido subsanadas”, sostiene.
Espíritu general de la ley
La primera discusión abordó el espíritu general de la ley. Arreaza destacó que los pilares fundamentales de esta legislación son la libertad, la justicia, el pluralismo político y los derechos humanos.
«Esta ley busca consolidar lo que nuestra Constitución obliga en sus principios fundamentales, el Estado democrático, social, de derecho y de justicia. No requiere derogaciones especiales, más bien su trascendencia es humana, social, política y puede ser de los principales aportes que hagamos para la existencia misma de la República, consolidación de nuestra soberanía y el derecho de los venezolanos a vivir en paz», apuntó.
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Asimismo, manifestó que este instrumento legal no debe ser utilizado para «alimentar agendas ocultas ni mezquindades». También, llamó a no confundir esta iniciativa con «impunidad y cartas blancas».
Crean comisión para impulsar consulta pública
Tras esta aprobación inicial, el proyecto de ley entrará en una fase de consulta pública, donde se invitará a universidades, organizaciones de la sociedad civil, la FANB y defensores de derechos humanos a realizar aportes. Posteriormente, la ley regresará a la plenaria para su segunda discusión y sanción definitiva.
Para ello, el presidente de la AN Jorge Rodríguez creó una Comisión Especial que estará integrada por Jorge Arreaza como presidente y Nora Bracho como vicepresidenta.
Rodríguez instó a que este proceso de consulta sea arduo. «No tengamos temor de hablar con todos, con quien quiera decirnos algo, tenga un testimonio, una propuesta o una inclusión en el proyecto de ley».
Esta comisión especial también la integran los diputados Luis Augusto Romero, Grecia Colmenares, Timoteo Zambrano, Carolina García Carreño, Pablo Pérez, Jacqueline Faría, Antonio Ecarri, Tania Díaz, Luis Florido, Winston Vallenilla, Yosmaro Jiménez, Iris Valera, Nicolás Maduro Guerra, Roy Daza, Pedro Carreño y América Pérez.
