La democracia, con todas sus imperfecciones, sigue siendo el mayor logro político de la humanidad. No porque sea perfecta, sino porque permite disentir, corregir y convivir dentro de la diferencia. Aun con sus fallas, no se ha inventado otro sistema que brinde al ciudadano tanta capacidad de decidir sobre su destino. Sin embargo, su fragilidad radica precisamente en esa apertura: depende de la responsabilidad de quienes la ejercen y del compromiso de quienes la habitan. Cuando se usa como maqueta retórica o como bandera vacía, pierde sentido y se convierte en lo opuesto a lo que promete.
En Venezuela, la palabra democracia ha sido convertida en consigna, repetida hasta el cansancio, despojada de su contenido real. Se habla del “pueblo empoderado”, de la “participación protagónica” y del “poder ciudadano”, pero lo cierto es que los canales para expresar ese poder se han ido desmoronando. No hay libertad plena si cada crítica puede leerse como una ofensa al Estado. No hay pluralidad cuando los medios independientes son asfixiados y las redes sociales se transforman en terrenos vigilados. Y no hay justicia cuando las leyes se utilizan para castigar la opinión o el pensamiento distinto bajo fórmulas tan amplias que todo cabe y nada protege.
Una verdadera democracia necesita cauces de expresión, mecanismos de reclamo, vías para disentir. La protesta, el sindicalismo, los gremios y las asociaciones ciudadanas son la respiración de una sociedad libre. Pero en nuestro país, casi todos esos espacios se han cercenado o vaciado de sentido. Las voces laborales han sido sustituidas por estructuras dóciles; las organizaciones profesionales, por formalidades burocráticas. Y lo más grave: la cultura del miedo y la autocensura se ha normalizado al punto de que muchos prefieren callar por costumbre antes que por prudencia. Incluso el propio oficialismo, que se autodefine como “revolución popular”, padece hoy de una estructura rígidamente vertical.
En el PSUV, las decisiones se diseñan desde arriba y las bases solo ejecutan lo decidido. No hay discusión ni consulta real, sino la obediencia como regla. Pero ningún movimiento que sustituya el debate por la disciplina puede llamarse democrático, aun cuando su retórica esté plagada de apelaciones al pueblo. El poder que no escucha se vuelve ciego; y la ceguera, en política, siempre termina destruyendo aquello que dice defender.
Por su parte, la oposición tampoco ha sabido hacer de la democracia un ejercicio interno. Sus formas reproducen, en otra escala, los mismos vicios que critican: la fragmentación, el cálculo personal, la lealtad a nombres más que a ideas. En muchos casos, se ha perdido la conexión con la gente real, con las comunidades que deberían representar. Dirigentes que no escuchan, partidos sin militancia viva, discursos que no se traducen en hechos.
La promesa democrática necesita coherencia, porque no se defiende con declaraciones, sino con ejemplo. Tenemos la obligación urgente de reinventar nuestra democracia no como un ritual —votar cada cierto tiempo o repetir consignas—, sino como una actitud colectiva frente al poder. Esa actitud implica escuchar más y hablar menos; debatir sin miedo y disentir sin odio. Implica entender que la libertad no es un lujo extranjero, sino una condición esencial de la dignidad humana.
Una democracia fuerte no adoctrina, no censura, no teme a la duda. Al contrario, la nutre. Porque dudar es el primer paso hacia el pensamiento crítico, y este es el alma de cualquier sociedad que aspire a ser libre. El reto de nuestro tiempo, entonces, no es repetir la palabra “democracia”, sino rescatarla de quienes la han vaciado de contenido. Y ese rescate empieza por algo tan básico como poderoso: escuchar, admitir el desacuerdo, respetar al que piensa distinto. La libertad —no la fidelidad ciega, no la sumisión automática— debe volver a ser el núcleo moral de la vida pública. Solo así podremos aspirar a una democracia que no tema el ruido de las voces diversas ni la intensidad del debate. Dudar es de sabios.
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