Como es sabido, en Venezuela el primer yacimiento de petróleo fue descubierto en la hacienda La Alquitrana, cerca de Rubio, estado Táchira, el 12 de abril de 1875. Gracias a un desborde natural del crudo, se fundó la “Compañía Minera Petrolia del Táchira”, la primera empresa petrolera venezolana, marcando el inicio de la industria en el país.
Luego, se inició la producción comercial en 1883 con una pequeña refinería que producía queroseno y gasolina para la región. Aunque este fue el inicio, la explotación a gran escala y los grandes reventones –como el de Barroso II en el estado Zulia, en 1922– consolidaron a Venezuela como la potencia petrolera que es hoy.
Un hito clave en la industria nacional sucedió en 1925 con la primera huelga petrolera en el campo de Mene Grande, donde los trabajadores protestaron contra las condiciones laborales, sentando las bases para la organización sindical en el sector. Simultáneamente, el país veía un crecimiento acelerado de la producción impulsado por el éxito de los campos zulianos y el establecimiento de infraestructura, como el campo La Concepción, por las compañías Shell y Caribbean Petroleum Corporation.
Años más tarde, entre 1940 y 1970 –con un precio de venta internacional por barril de entre 2 y 4 dólares estadounidenses–, nuestro país alcanzó una producción nacional de entre 2,5 y 3,5 millones de barriles diarios, a un costo de producción total de entre 1 y 2,5 dólares por barril.
Se recibían por ello entre 2.000 y 5.000 millones de dólares (en valores nominales de la época) por año, supliendo entre el 7 % y el 8 % de la demanda global de crudo. Esta etapa se caracterizó por la explotación de yacimientos de alta presión natural, pozos poco profundos y una infraestructura eficiente y moderna para la época, considerada la “era dorada” de la industria por su bajo valor de producción.
Seguidamente, entre 1970 y 1998 –con un precio de venta internacional por barril de entre 18 y 35 dólares–, la producción nacional se situó entre 2,8 y 3,3 millones de barriles diarios, a un costo de producción total de entre 6 y 10 dólares por barril, recibiendo por ello entre 20.000 y 35.000 millones de dólares anuales.
La industria se caracterizó por tener una casa matriz –PDVSA y su holding– técnica y profesional, basada en la meritocracia y respetada internacionalmente; además, la explotación contó con una infraestructura operativa sólida y mantenida según estándares internacionales. En este periodo, el país se convirtió en monoproductor y comenzó a depender cada vez más del ingreso petrolero, descuidándose la diversificación productiva.
Últimamente, entre 1998 y 2013 –con un precio de venta internacional por barril de 80 a 100 dólares–, la producción nacional fue de entre 2,5 y 3,3 millones de barriles diarios. Los costos de producción fueron: el primario, entre 12 y 20 dólares, y el mejorado o diluido, entre 25 y 35 dólares el barril; recibiendo por ello entre 25.000 y 60.000 millones de dólares por año.
Esta etapa se caracterizó por explotar un crudo extremadamente viscoso con una innecesaria dependencia de tecnología foránea y una infraestructura deteriorada con un mínimo mantenimiento. Además, se dio un uso político-partidista y fiscal descontrolado de PDVSA, realizando incluso actividades ajenas a su misión: la gestión integral de los hidrocarburos venezolanos (exploración, producción, refinación y comercialización) para garantizar el desarrollo energético y el desarrollo general del país.
Así se presenta nuestra historia petrolera, a poco de emprenderse por la Asamblea Nacional una reforma puntual a la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) por decisión del Consejo Nacional de Economía Productiva. Esta busca legalizar los nuevos contratos de participación productiva para facilitar exportaciones, especialmente a EE UU, con Estado de derecho y seguridad jurídica.
Recuérdese que la actual LOH, complementada con otras regulaciones, prohíbe a los inversores privados explorar, producir y exportar petróleo. Estas actividades son un monopolio del Estado y –hasta ahora– solo pueden ser implementadas por el Ejecutivo, incluidas las filiales de PDVSA y las empresas mixtas. Asimismo, se prohíbe cualquier contrato que, directa o indirectamente, permita a un accionista minoritario producir y exportar petróleo.
Claro está, no han faltado los chovinistas y patrioteros que se oponen a los recientes anuncios sobre cambios sustanciales en la producción y comercialización del crudo nacional, aduciendo que se está perdiendo la “soberanía petrolera”, lo cual es completamente incierto.
Veamos: teóricamente la soberanía petrolera es el ejercicio del control del negocio e implica, entre otros aspectos, el diseño de la política petrolera, el monitoreo de las operaciones y el destino que se le da a los beneficios de la industria para impulsar al país hacia la prosperidad.
Sin embargo, con la visión puesta en el comercio globalizado, no puede hablarse de soberanía cuando de lo que se trata fundamentalmente es de vender nuestro petróleo a quien mejor lo pague –especialmente a través de tratados y la influencia corporativa transnacional–, pues ni una sola vez refiere nuestra Constitución de la República el vocablo “soberanía petrolera”.
Antes, por el contrario, su artículo 303 instituye que, conservando el Estado la propiedad de la totalidad de las acciones de PDVSA, se exceptúan de ese dominio las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra forma asociativa que se constituya para el desarrollo de los negocios de esa estatal.
Para pretender explicar esa presunta pérdida de señorío sobre la industria, arguyen que el imperio estadounidense será ahora nuestro “nuevo” cliente. Pero resulta que las empresas petroleras privadas estadounidenses –no el Gobierno, que ni produce ni comercializa crudo– han sido, desde 1917 (a partir del Zumaque-1), nuestros mayores compradores a nivel mundial: pagan al mejor precio y de contado.
Específicamente, nuestro más fiel y seguro comprador del oro negro en ese país –contrariamente a lo que popularmente se cree– somos nosotros mismos a través de la Citgo Petroleum Corporation, filial de PDVSA, cuya sede central está en el área del Corredor Energético de Houston, Texas, y se encarga de refinarlo y comercializar gasolina, lubricantes y petroquímicos de fabricación nacional.
Es nuestra más grande industria en el exterior: cuenta con 8 refinerías, 60 terminales petroleros y una red de distribución con la franquicia de Citgo conformada por 14.885 estaciones de servicio, además de contratos por 10 años de abastecimiento de crudo por un volumen superior a 1,1 millones de barriles diarios. Que el sainete del “interinato” haya hecho estragos con esa empresa es un asunto que no olvidamos y cuyo ajuste de cuentas con la justicia llegará más pronto que tarde.
Asimismo, aducen que los EE UU solo quieren nuestro petróleo y, en ese contexto, nos preguntamos: ¿qué era lo que aquí buscaban China, Rusia e Irán? Petróleo, puro petróleo y nada más que petróleo. Lo que es más, mientras nuestra economía nacional se depauperaba, desde 2013, China fue el principal destino del petróleo venezolano, absorbiendo la mayor parte de las exportaciones con cifras que variaron, pero que alcanzaron picos significativos, incluso superando los 600 mil barriles diarios, representando hasta el 84 % de las exportaciones en 2024-2025.
Rusia, por su parte, pagó anticipos por crudo a través de la petrolera estatal Rosneft en acuerdos y préstamos que sumaron miles de millones de dólares –como los empréstitos por unos 6.400 millones de dólares–, asegurándose el suministro de crudo a cambio de “apoyo financiero” y retención de activos estratégicos, no como una compra directa al contado de grandes volúmenes, sino como parte de un complejo entramado financiero y geopolítico. En cuanto a Irán, la relación se ha centrado más en intercambios armamentísticos, asistencia técnica y suministro de diluyentes en barcos fantasmas iraníes que en compras directas.
Remate de todo lo dicho es que, de producirse en lo inmediato –mediante Dios– un nuevo boom petrolero nacional, es fundamental que entendamos que debe asumirse como un apalancamiento de nuestro venidero panorama económico y financiero, no como un destino final; por cuanto hoy más que nunca cobra vigencia la máxima de Arturo Uslar Pietri (1906-2001) de “sembrar el petróleo”: invertir la riqueza petrolera producida en crear riqueza agrícola, reproductiva y progresiva.
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