La paradoja es abismal; mientras la cúpula del poder celebra su regreso a X, el ciudadano de a pie sigue obligado a colarse por ranuras digitales para ejercer un derecho que nunca debió ser coartado. Se reinstalan cuentas oficiales, pero no se restablece aún la libertad plena de acceso. Esa asimetría dice más sobre el estado real de la democracia que cualquier discurso.
El retorno de figuras como la propia presidente Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello a X se presenta como un gesto de normalización, como una señal de apertura. Sin embargo, esa normalidad es ficticia mientras la red siga siendo accesible solo a través de VPN y atajos que forman parte del panorama digital venezolano. No se puede hablar de diálogo directo con la gente cuando el canal está pinchado desde el origen. La libertad de expresión no es solo el derecho a hablar, sino también el derecho a escuchar libremente.
La idea de “combatir la desinformación” para justificar una restricción funciona como pretexto elegante de una práctica clásica: la censura. Suena sensato en abstracto: ¿quién podría oponerse a luchar contra las fake news, las posverdades, la manipulación? El problema es quién define qué es desinformación, con qué criterios y con qué contrapesos. Si el árbitro es parte interesada, la línea entre proteger a la sociedad y proteger al Gobierno de las críticas se borra con dudosa facilidad.
En el ecosistema actual de redes sociales, controlar la difusión de mensajes ya no solo es arbitrario; es torpe. El diseño de internet y la lógica distribuida de la comunicación hacen que la información se comporte como el agua: si se tapa una vía, se filtra por otra. Bloquear una plataforma no hace desaparecer el debate, solo lo oculta y lo desplaza.
El diálogo migra a grupos de WhatsApp, a redes alternas, a canales informales donde el Estado tiene menos capacidad de observar, medir y, paradójicamente, comprender lo que realmente piensa la gente. El poder termina actuando a ciegas por la misma venda que impuso. Además, la censura erosiona la credibilidad de quien la ejerce.
Cada vez que un gobierno decide que el ciudadano no está preparado para valorar cierto contenido, envía un mensaje implícito: “no confiamos en tu criterio”. Esa desconfianza se vuelve recíproca. El público aprende a leer entre líneas, a desconfiar de las versiones oficiales, a buscar fuentes alternativas, por malas o imprecisas que sean. Lo que se quería evitar —la proliferación de rumores, teorías conspirativas, narrativas extremas— se ve alimentado por el propio silencio impuesto. La censura, tarde o temprano, es percibida como confesión de debilidad.
Limitar el debate es limitar las ideas, y ninguna sociedad que haya intentado cercenar ideas ha salido bien de ese ensayo. La historia es clara: quienes quemaron libros, clausuraron periódicos o encarcelaron escritores terminaron siendo recordados no por su “orden” ni por su “estabilidad”, sino por su carencia intelectual. El rechazo hacia los censores no es solo moral; es también práctico. Se les reprocha haber frenado avances, haber retrasado discusiones necesarias, haber aplastado soluciones que solo podían nacer del choque honesto entre puntos de vista.
En un país que se proclama defensor de la soberanía popular, la censura digital es una contradicción frontal con la idea de pueblo soberano. Soberano no es el que aplaude, sino el que decide, y nadie puede decidir con criterio si solo escucha una parte del relato. La libertad de expresión no garantiza sociedades justas ni debates perfectamente informados, pero su ausencia sí garantiza opacidad, arbitrariedad y desconfianza estructural.
La solución es una: levantar todas las restricciones y devolver al ciudadano el acceso pleno a la plataforma. No es una concesión, sino un deber democrático. Quien confía en su proyecto político no teme a la crítica. Es simple: si el poder quiere credibilidad, debe dejar de ser censor y actuar como interlocutor. Abrir X es abrir la posibilidad de reconstruir la confianza sobre la base más sólida que existe: la libertad.
Leer también: Unidad o nada
