La principal respuesta del Gobierno, a la agresión militar gringa, es la que presenta públicamente el presidente Maduro, la que se ve en el programa de Diosdado Cabello, en las declaraciones del ministro Padrino López y en la propaganda, a través de las televisoras venezolanas y las redes sociales. Suponemos que hay otras acciones no publicitadas, lo que se comprende bien en situaciones de emergencia como la actual.
Lo central de esta posición es demostrar la existencia de una importante movilización social y militar en todo el territorio nacional, acompañada del despliegue de las milicias y el masivo alistamiento de la población para la defensa de la patria, que demostraría también un generalizado apoyo al Gobierno.
Aquí, se confunde la defensa de la nación con la defensa del Gobierno. Esto quiere mostrar que Venezuela está lista para el combate, sin importar el poder del enemigo ni la duración del enfrentamiento, lo cual no es en sí mismo criticable.
La crítica constructiva a este desarrollo surge del hecho de que las actividades desplegadas no son acompañadas por otras acciones, que las complementarían y las potenciarían en forma importante.
Otro elemento en el discurso gubernamental es la paz. Venezuela es una nación pacífica, no quiere la guerra, pero si es obligada, la emprendería con el máximo empeño posible. Este rasgo se dejaba ver desde la época del fallecido presidente Chávez, quien decía siempre que la suya era una revolución pacífica, pero armada, dejando entender que estaban preparados, por lo menos afectivamente, para formas de lucha violentas.
Ahora, el enfrentamiento de una amenaza militar externa requiere de una unidad nacional en defensa de la soberanía. Esa política unitaria es imprescindible para enfrentar al agresor externo. Un país dividido por pugnas internas serias es muy vulnerable a la agresión externa, por lo que se hace necesario ser audaz en políticas que garanticen la mayor unidad posible.
La unidad nunca será total; no lo ha sido en ninguna parte. Siempre existe un grupo de anti nacionales que se ponen al lado del invasor. Los venezolanos no son una excepción. Por años, algunos han rogado que nos invadan para lograr derrocar a Maduro, pues ellos solos no pueden. Es en este campo particular, donde la acción gubernamental no ha generado iniciativas, que garanticen al país la necesaria unidad para repeler a los agresores externos y para mejorar su imagen internacional.
Siempre existirán los irredentos, que no cambiarán un ápice sus posiciones, pero esto no debe ser óbice para que el Gobierno cumpla con su responsabilidad, de hacer todo lo posible en defensa de la patria. Acabar ya con la represión indiscriminada y las detenciones arbitrarias, acatar estrictamente el debido proceso, respetar con rigor los DD HH y garantizar la más amplia libertad de información, es vital.
En momentos de conmoción nacional y estados de excepción, es cuando más se requiere la libertad de información para evitar excesos y desviaciones peligrosas de los cuerpos de seguridad. La labor periodística debe ser garantizada y protegida.
Se entienden las dificultades del Gobierno de asumir estas conductas, ante las acciones contrarias a la seguridad de la nación de los grupos conspiradores, pero para eso se es Gobierno, para garantizar los derechos sin perder el control del Estado.
Menciono tres casos emblemáticos existentes, que en absoluto ayudan al Gobierno a unificar a los venezolanos, ni a mejorar la calificación internacional de su conducta: el de Enrique Márquez, incomunicado y sin juicio por 9 meses; Rocío San Miguel, presa durante 21 meses con juicio paralizado y Macario González, con 4 semanas detenido. ¿En qué ayudan estas situaciones al Gobierno o al país?
No puedo creer que estos tres presos políticos, ni todos los demás juntos, sean una amenaza mayor para la estabilidad gubernamental y la seguridad del Estado, que la presencia de la cuarta flota en el Caribe. Es condenable que se haya llegado a esta situación, pero peor es que se la mantenga.
Quienes dirigen el Estado siempre estarán en situaciones complicadas en esta materia, por las múltiples aristas de la misma. El carácter represivo del Estado es una característica inherente a sus funciones, lo es en Venezuela y lo es en el resto del mundo; lo es hoy y lo fue ayer. Por eso existen el marco constitucional y el marco legal, que obliga a sus administradores a proceder con determinadas normas y dentro de ciertos parámetros. El respeto a los mismos es fundamental en el Estado de derecho. Pensar incluso en una amnistía general podría ser una necesidad.
Los invasores y quienes los acompañan, al final lo que desean es imponer sus voluntades a cañonazos. Esa ha sido la forma de actuar de EE UU en el mundo entero y es claramente la de quienes lo secundan. Los opositores que los rechazamos, lo que queremos es más democracia, más justicia social, más bienestar para la nación.
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