Durante los últimos cinco años, 1.780 mujeres han sido asesinadas en Honduras, lo que equivale a una víctima cada 28 horas, esto según un informe presentado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
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El organismo advirtió que la impunidad y la falta de respuesta institucional siguen siendo los mayores obstáculos para frenar la violencia de género.
Los datos muestran que los departamentos de Francisco Morazán (370 casos), Cortés (342) y Olancho (177) concentran alrededor del 50 % de los asesinatos, evidenciando una distribución territorial donde la violencia se ha vuelto estructural.
Medios locales aseguran que el informe señala que 850 crímenes, casi la mitad del total, ocurrieron entre diciembre de 2022 y septiembre de 2025, periodo en el que el país mantiene un estado de excepción parcial destinado, en teoría, a reducir los índices de criminalidad.
La coordinadora de la Defensoría de la Mujer, Aurora Rueda, calificó los homicidios como “la forma más extrema de violación a los derechos humanos de las mujeres”. Subrayó que la situación refleja una sociedad marcada por la desigualdad, la discriminación y la falta de garantías para la seguridad femenina.
Rueda advirtió que la impunidad alcanza el 95 % de los casos, debido a la rotación constante del personal investigador y a la ausencia de morgues judiciales en gran parte del territorio, lo que impide la correcta realización de autopsias y la preservación de pruebas clave.
Se debe trabajar para erradicar esto casos
“La violencia contra la mujer sólo podrá erradicarse garantizando su igualdad, su empoderamiento y el pleno respeto de sus derechos”, afirmó Rueda, quien instó al Estado y a la sociedad a unir esfuerzos para proteger a las víctimas y prevenir nuevos casos.
El Conadeh reiteró la urgencia de aprobar la Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, presentada al Congreso Nacional en noviembre de 2022 y aún sin debate. La norma busca fortalecer la protección institucional, reconocer todas las formas de violencia y mejorar la coordinación entre las entidades que atienden a las víctimas.
Mientras tanto, Honduras continúa registrando cifras alarmantes de feminicidios, en un contexto donde la justicia sigue siendo una deuda pendiente y la vida de las mujeres, un derecho en riesgo.
