La Justicia argentina procesó este jueves 10 de julio al expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por presuntos actos de corrupción durante su gestión de Gobierno, relativos a la contratación de seguros desde el Estado que habrían beneficiado al marido de su secretaria privada.
El juez Sebastián Casanello enjuició a Fernández bajo el cargo de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública», que el Código Penal de Argentina castiga con prisión desde uno a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y, además del exmandatario, fueron procesadas otras 33 personas.
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En concreto, el magistrado precisó en su fallo que Héctor Martínez Sosa, bróker de seguros y esposo de María Cantero, asistente privada del expresidente, fue beneficiado por un decreto publicado en 2021 con la firma de Fernández para que las entidades públicas contrataran los servicios de la empresa Nación Seguros.
Según la legislación argentina, el procesamiento supone que un juez ha encontrado pruebas suficientes para iniciar un juicio penal contra una persona. Las partes deben ahora presentar sus pruebas y argumentos hasta la elevación de la causa a juicio oral.
Antes de finalizar su mandato, se jactaba incluso de que sería uno de los pocos presidentes argentinos que no serían investigados por corrupción al dejar su cargo, en un tiro por elevación a los procesos judiciales que por entonces enfrentaba la expresidenta Cristina Kirchner, actualmente condenada a seis años de cárcel.
Los presuntos delitos investigados comenzaron a partir de un decreto de Fernández de finales de 2021 que obligó al Estado a contratar pólizas a través de Nación Seguros, de capitales públicos. La Justicia sospecha que ese decreto habilitó la contratación de intermediarios que percibieron comisiones millonarias por encima del valor de mercado.
