Eduardo Leblanc, defensor del Pueblo de Panamá, afirmó este jueves #4julio que las repatriaciones de migrantes irregulares que llegan a su país atravesando el Darién «tienen que ser voluntarias» y no forzosas, según nota pueblicada por Uniónradio.
«Las repatriaciones tienen que ser voluntarias, no pueden ser forzosas. A las personas se les tiene que dar la oportunidad de continuar, de pedir refugio. Porque puede ser que sean perseguidas políticamente», detalló Leblanc, que hizo un llamado a que se respeten los derechos humanos.
Hizo énfasis sobre el hecho de que muchos migrantes provienen de países donde reciben amenadas y persecución «por pensar distinto» o por «ejercer el periodismo», dijo el defensor en una entrevista.
Miles de personas que están llegando a Panamá por la selva en su vía a Estados Unidos son niños, niñas y adolescentes, quienes no deben ser encarcelados o detenidos.
En lo que va de año, cerca de 200.000 migrantes han atravesado la selva mientras que en 2023 fueron más de 520.000, una cifra inédita, según datos oficiales. La gran mayoría son venezolanos.
El nuevo Gobierno de Panamá que preside José Raúl Mulino firmó el pasado lunes, cuando asumió el mandato por 5 años, un convenio con Estados Unidos que contempla la repatriación de migrantes indocumentados que lleguen al país a través de la jungla.
En este contexto y desde la campaña, el presidente Mulino ha prometido «cerrar» el paso de migrantes por el Darién, algo que comenzó a ejecutar con la colocación de una «barrera perimetral» en tres trochas de la selva, con el fin de «canalizar» el flujo migratorio y ejercer un mayor control sobre el mismo, como infirmó el miércoles un comunicado oficial.
El defensor del pueblo dijo que esta institución y su par de Colombia han identificado 11 rutas dentro del Darién, una de ellas utilizada ancestralmente por los aborígenes de la zona, y se congratuló por la medida panameña de cerrar tres para «canalizar» el flujo migratorio, puesto que así se podrá dar más protección a los viajeros, que suelen ser víctimas de asaltos, robos y hasta violaciones o asesinatos por parte de grupos criminales.
Leblanc recordó que ya interpuso ante la Fiscalía de Panamá una denuncia penal para que se investiguen alrededor de 400 casos de presunta violación ocurridos en la selva fronteriza entre su país y Colombia.
Pero el defensor del Pueblo expresó que la idea de cerrar las trochas en la selva tendrá sobre todo un impacto psicológico que no detendrá el flujo necesariamente, porque los migrantes buscarán otras vías, en el mismo Darién o por mar, para seguir llegando a Centroamérica en su ruta hacia el Norte.
