En un duro comunicado el gobierno de Venezuela rechazó la deportación de más de 200 venezolanos en Estados Unidos que fueron enviados al Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
La deportación de la mayoría de ellos se hizo bajo el amparo de una antigua ley, conocida como de Enemigos Extranjeros y promulgada en 1798, que permite al presidente de EE UU ordena la detención y deportación de foráneos que amenacen la seguridad del país en tiempos considerados como de guerra.
La legislación había sido utilizada por última vez durante la II Guerra Mundial para deportar a ciudadanos de ascendencia japonesa.
Por esa razón, el gobierno de Nicolás Maduro señaló dicha ley como «anacrónica» y «violatoria de los derechos humanos».
De igual manera, la organización no gubernamental Provea denunció que la deportación de 238 venezolanos por parte del gobierno de Estados Unidos a El Salvador constituye una violación a los derechos de los migrantes, al no garantizarse el debido proceso.
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El 15 de marzo, la administración de Donald Trump trasladó a estas personas al país centroamericano, argumentando su presunta vinculación con la banda criminal Tren de Aragua. En respuesta, Provea alertó sobre las condiciones en las que fueron deportados. “La administración Trump intensifica sus ataques contra los venezolanos, deportándolos a cárceles en El Salvador sin garantizar el debido proceso”, señaló la ONG en un comunicado.
La organización subrayó que los migrantes fueron enviados a un país donde sus derechos no están protegidos y permanecen incomunicados con sus familias. Además, denunció que la deportación se ejecutó en contra de la orden de un juez federal que prohibía el traslado.
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